Destitución de funcionarios por referéndum

La ampliación de las potestades del referéndum era inevitable. La "democracia participativa", todo para el pueblo y con el pueblo, orienta, al menos sobre el papel, el proyecto político acometido por Hugo Chávez, a través de la Asamblea Constituyente. El Poder Electoral, a través de los referendos, y el Poder Ciudadano, conducido por un consejo de notables sin tacha, acompañarán como poderes del Estado a los tres tradicionales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La nueva Carta Magna consagrará cuatro tipos de referéndum: consultivo, aprobatorio, derogatorio y revocatorio.El oficialista William Lara, presidente de la Comisión de Participación Política de la Asamblea, en la que la coalición gubernamental Polo Patriótico ocupa 121 de sus 131 escaños, atribuye la mejor acogida entre la sociedad al revocatorio porque permitirá destituir por sufragio a los gobernantes y funcionarios incapaces o tramposos.

La mayoría de los venezolanos culpa de su empobrecimiento a la corrupción en los 40 años de hegemonía bipartidista. "Ahora los ciudadanos tienen la posibilidad de revocar el mandato del funcionario público; por ejemplo, al presidente de la república, si ése fuera el caso, o a un gobernador, o al alcalde".

El referéndum como poder fue aprobado en la primera votación del anteproyecto y será ratificado en la segunda discusión. Un referéndum aprobará la ley fundamental, en principio, el 15 de diciembre, y durante el primer trimestre del 2000 se llamará a elecciones generales. "Ahora, todo aquel que toque el erario público en forma indebida será castigado de manera draconiana", subraya Lara

El poder popular

Presidentes, ministros y otros cargos públicos podrán ser tumbados a golpe de papeleta, al igual que materias o proyectos de ley de trascendencia a determinar. Revestirá carácter consultivo a iniciativa del presidente del Gobierno en Consejo de Ministros, por acuerdo de las dos terceras partes de las dos cámaras de la Asamblea Nacional, caso de que sea rechazada la propuesta de que la Asamblea sea unicameral, o cuando lo pida un número no menor al 10% de los electores inscritos en el Registro Electoral Nacional. Las autoridades de los diferentes Estados, gobernaciones y municipalidades también estarán facultados para atenerse a la consulta.

La sociedad podrá opinar, con carácter derogatorio, sobre decretos con fuerza de ley emitidos por el jefe del Ejecutivo si lo pide al menos el 5% de los electores. Los referendos podrán aprobar o anular leyes. Para la validez del derogatorio será indispensable la participación del 40% de los electores inscritos en el registro. No podrán ser sometidas a consulta abrogatoria las leyes de presupuesto, aquellas que establezcan o modifiquen impuestos, las de crédito público y las de amnistía. Tampoco las que garanticen o desarrollen derechos humanos o aprueben tratados internacionales que no comprometan la soberanía. No es posible más de un derogatorio en un periodo constitucional para la misma materia.

El Poder Ciudadano es otra novedad con rango constitucional y pretende moralizar Venezuela, fomentar las virtudes cívicas y éticas, conseguir que administradores y administrados cumplan las leyes. Teóricamente ninguna institución quedará fuera de las auditorías de un organismo con capacidad coercitiva. Lo dirigirá el Consejo Moral Republicano, que presiden el Fiscal General de la República, el Contralor General (Tribunal de Cuentas) y el Defensor del Pueblo, y en el anteproyecto aparece como autónomo