Cardenal justifica que EEUU mantenga en vigor la pena de muerte

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, se desmarcó ayer del clamor de la sociedad española en favor de Joaquín José Martínez, condenado a morir en la silla eléctrica por un tribunal de Florida (EE UU), al afirmar que "cada Estado es soberano para decidir lo que sea" sobre la pena capital. En su opinión, criticar la pena de muerte sería "una intromisión imperdonable".

El fiscal general del Estado, que acudió a Valladolid para pronunciar una conferencia en la Universidad, fue preguntado por los periodistas sobre el caso de Joaquín José Martínez, de 25 años, el primer español condenado a muerte en EE UU, a quien se acusa de un doble asesinato cometido en 1995 en el Estado de Florida."Me cogen ustedes un poco a contrapié, porque conozco de ello lo que han publicado los medios de comunicación, pero no tengo un conocimiento más próximo", comenzó Cardenal.

"Aquí nos planteamos un poco la razón de ser, si tiene alguna, de la pena de muerte, que ya es un problema no de esta persona o de la otra", continuó. "Esta persona nos afecta a nosotros porque es un español, es un nacional nuestro y demás. Aquí, del hecho aislado, concreto, determinado, nos elevamos un poco al terreno de los principios".

"¿Es procedente o no mantener la pena de muerte?", se preguntó finalmente el fiscal general del Estado, para contestar: "Cada Estado es soberano para decidir lo que sea. Aqui, en España, hace años que se suprimió, por tanto aquí no se hubiera planteado ese problema. Pero, evidentemente, sería una intromisión imperdonable que yo viniera a decirle qué tiene que hacer cada Estado. Cada Estado es soberano para decidir lo que sea procedente", concluyó.

La tibieza de Cardenal contrasta con la movilización de la sociedad española para salvar la vida a Joaquín José Martínez, con motivo de la celebración, el pasado martes, de la vista del recurso que ha presentado ante el Tribunal Supremo de Florida. El ciudadano español reclama la repetición del juicio que concluyó con su condena a la silla eléctrica en mayo de 1997, por el cúmulo de irregularidades que se produjeron y la negligencia del abogado que le defendió de oficio.

Acto cruel e inhumano

Ayer, la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso acordó por unanimidad tramitar una resolución que califica la pena capital de "acto cruel e inhumano y recurso inaceptable como medio de impartir justicia". En el texto, que fue leído por el portavoz socialista Rafael Estrella, se expresa la "profunda preocupación" del Congreso por la situación de Joaquín José Martínez y "su pleno respaldo a las actuaciones que se vienen realizando para la revisión de su proceso legal".El martes fue el pleno del Senado el que aprobó por asentimiento una moción en la que se respaldan las gestiones de la Unión Europea para abolir la pena capital y se asume la resolución aprobada el pasado 25 de abril por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que pide una moratoria de las ejecuciones a los 72 países que aún mantinen la pena de muerte en su legislación.

Además, la Cámara alta solicitó a los parlamentos de los países miembros de la UE y, en general, a los de todos los países democráticos del mundo que se sumaran a este acuerdo.

Durante el debate, la senadora del PP Rosa Vindel subrayó que con esta iniciativa se pretendía transmitir a Joaquín José Martínez el sentimiento de que "tiene todo un país detrás" y subrayó que la pena de muerte "es injustificable por cruel que fuera el delito cometido".

Por su parte, José Antonio Martín Rite, del PSOE, recordó que una delegación de la Cámara alta viajó a EEUU para visitar al condenado y que el senador socialista Ignacio Díez se encontraba, mientras se desarrollaba el debate, en Tallahasse, asistiendo a la vista del recurso ante el Supremo de Florida.