El Fondo de Garantía de Depósitos pide indemnizaciones

El Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios (FGD) pidió ayer al tribunal del caso Banesto la sentencia condenatoria de Mario Conde y los otros 10 acusados por nueve operaciones de presunta apropiación indebida, estafa y falsedad, enjuiciadas a lo largo de los casi dos últimos años (300 millones, cementeras, Carburos Metálicos, locales comerciales, Centro Comercial Concha Espina, Oil Dor, Isolux, Promociones Hoteleras y artificios contables).El letrado del Fondo, Cándido Conde-Pumpido, también solicitó una indemnización por parte de las sociedades vinculadas a los acusados y que AGF-Unión y El Fénix, que tenía contratada una póliza con los ex administradores acusados, haga honor a la misma, por valor de 10.000 millones de pesetas.

Conde-Pumpido señaló que la llamada extracción de 300 millones de la caja de Banesto es un delito continuado de apropiación indebida en la que "no es necesario acudir al concepto de distracción previsto por los artículos 535 del Código Penal de 1973 como el 252 del Código vigente desde 1995. Está la tercera fórmula, que consiste en negar haber recibido la cosa, es decir, el dinero".

Retirada del dinero

El letrado narró que Mario Conde negó primero toda la historia relatada por el ex director general Martín Rivas, quien, bajo instrucciones de Conde, retiró el dinero en dos ocasiones diferentes, y que luego, en el juicio oral, cambió su declaración. Según el letrado, la nueva versión no puede ser considerada un atenuante, porque sigue negando la esencia de los hechos. "Esta negativa de la recepción supone la voluntad de no devolver. Quien niega recibir no puede devolver", dijo.El letrado analizó a continuación las otras presuntas apropiaciones y/o estafas. Por último, se extendió ampliamente sobre las falsedades contables, punto en el que coincidió con la posición de los fiscales Luis López Sanz y Javier Sánchez Junco, en el sentido de que la despenalización relativa de la falsedad ideológica cometida por particulares en documento mercantil no incluye el falseamiento de cuentas y balances. Conde-Pumpido pidió una indemnización a los acusados y sociedades vinculadas en razón de que tanto las falsedades como las operaciones de detracción de fondos tenían relación con los hechos que produjeron la crisis de Banesto, que condujo a su recapitalización vía, entre otras cosas, la inyección de 285.000 millones por parte del Fondo de Garantía de Depósitos.

Asimismo, explicó que la póliza firmada entre AGF-Unión y El Fénix y los ex administradores acusados, para cubrir posibles responsabilidades civiles por valor de 10.000 millones de pesetas, debía ser abonada, habida cuenta que la modalidad de los acuerdos pactados entre los asegurados y la aseguradora no afectan a terceros, en este caso, el Fondo de Garantía.