La Mesa del Parlamento ratifica su rechazo a crear comisiones de investigación del "caso Sanlúcar"

La Mesa del Parlamento andaluz ratificó ayer su decisión de no admitir a trámite las peticiones de populares e IU de crear comisiones de investigación sobre la relación del Gobierno autonómico con el intento de soborno de un concejal en Sanlúcar de Barrameda. El presidente de la Cámara, Javier Torres Vela, señaló que los informes de los servicios jurídicos así lo aconsejan, al tiempo que rechazan los recursos formulados por PP e IU. El portavoz popular, Antonio Sanz, descalificó con dureza los dictámenes jurídicos y anunció que baraja acudir al Tribunal Constitucional.

Los servicios jurídicos de la Cámara emitieron tres informes en respuesta a los recursos de IU y PP, que habían presentado sendas solicitudes de comisión de investigación y una pregunta al presidente del Ejecutivo en la sesión del control, está última formulada sólo por los populares. Torres Vela explicó que los dictámenes avalan la negativa de la Mesa de calificar y tramitar tales iniciativas y la considera "ajustada a derecho". Recordó a los portavoces que cabe la posibilidad de plantear recurso ante el TC, "que es quien tiene la última palabra y cuya sentencia puede ser muy ilustrativa para todos".En total, los informes suman 32 folios que fundamentan pormenorizadamente la desestimación de los recursos. En síntesis, sostienen que la "mera posibilidad" de la participación del Consejo de Gobierno en cualquier asunto -en este caso en el intento de soborno de un concejal popular en Sanlúcar, sobre lo que no hay ni indicio ni prueba- "no convierte a esa hipotética acción en objeto adecuado de una comisión de investigación" en el Parlamento, "si con ello se invaden conpetencias ajenas a la comunidad autónoma y propias de un ente cuya autonomía viene constitucionalmente garantizada".

La portavoz de IU, Concha Caballero estimó que se trata de una interpretación "excesivamente restrictiva" de la capacidad investigadora de la Cámara y sugirió que podría presentar otra iniciativa que deje a salvo la autonomía municipal. Antonio Sanz, del PP, fue más lejos y dijo que el dictamen jurídico es un "precedente" que se aleja "de la literalidad" del Reglamento parlamentario, y anunció que su grupo iniciará los "trámites oportunos", entre los que figuran el recurso ante el alto tribunal. Sanz mostró su "perplejidad", porque, a su juicio, la Mesa al no admitir el trámite de las comisiones de investigación ha "prejuzgado con anterioridad y políticamente" si hay participación o no del Gobierno en el caso. Según él, debería ser el propio Ejecutivo y su presidente quien lo aclare ante la Cámara.

El portavoz socialista, José Caballos, dijo que el PP pretende implicar a toda costa a Manuel Chaves con una mentalidad "inquisitorial". "Sin indicios ni pruebas ni nada que le relacione", aseveró, "ustedes sostienen que Chaves tiene que venir aquí a demostrar su inocencia, eso es propio de una mentalidad de Torquemada como la del señor Sanz". Caballos agregó que los populares utilizan una doble vara de medir y recordó que ni su partido ni IU han traído a la Cámara, por ejemplo, el cierre del Palacio de Deportes de Málaga o el trágico suceso del Bazar España en Sevilla.