¿Ausencias flagrantes o sobrecarga de trabajo?

Las quejas sobre el funcionamiento de la Fiscalía pivotan en torno a un eje: sus reiteradas ausencias en el periodo de instrucción de algunos asuntos. En ese sentido, hay tres casos que podrían ser paradigmáticos: los representantes del ministerio público apenas han acudido a las comparecencias celebradas por el linchamiento de Natzaret -una o varias personas mataron a golpes y navajazos a Antonio Civantos, un camionero- ; el derrumbamiento de Patraix -dos obreros perdieron la vida al desplomarse un edificio en construcción-; o la investigación que pesa sobre Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), en la que un juzgado de Paterna intenta averiguar si varios ex altos cargos de Canal 9 pudieron apropiarse de dinero público. Julio Bruzón y Rosa Ruiz se encargan de los dos primeros casos. La fiscal encargada del último asunto, Pilar Saro, justifica su ausencia de las declaraciones de el ex director general de RTVV, José Vicente Villaescusa o el ex director de Canal 9, Jesús Sánchez Carrascosa, por la carga de trabajo que soporta y la consiguiente imposibilidad de acudir a todas las declaraciones que se producen en los dos juzgados de Paterna a los que está adscrita. Ahora bien, Saro asegura que sigue de cerca esa causa, "como todas las de mis juzgados" pero sin una especial atención. "Todas los asuntos de mi competencia son de igual importancia para mi", asegura. Los abogados consultados por este periódico creen imprescindible la presencia del ministerio público en la instrucción de esos casos. Un juez, también. "Circunstancias como ésta reflejan el mal funcionamiento de la Fiscalía, que incluso padece disfunciones de carácter burocrático". Estas disfunciones, no obstante, también suceden en los juzgados. Según fuentes cercanas al caso, Saro conoció que las comparecencias de cargos de RTVV habían comenzado a través de la prensa. Cuestión de procedimiento o de disponibilidad, lo bien cierto es que otros fiscales si han seguido de cerca otras investigaciones de relevancia: Jaime Cussac, la del accidente registrado a bordo del Proof Spirit, donde murieron 18 trabajadores; Javier Carceller, la que intenta esclarecer el masivo contagio de hepatitis C -al menos 171 personas han resultado afectadas- o, por citar un caso más reciente, Carmen Andreu, la investigación abierta con motivo de la contratación a elevado coste de unos conciertos por parte del Ayuntamiento de Valencia.