Las diputaciones rebajarán el próximo año de 5 a 3 millones el mínimo para declarar la renta

Los contribuyentes cuyo sueldo no sobrepase los tres millones anuales podrán elegir entre hacer o no la Declaración de la Renta en el año 2001, la correspondiente al ejercicio del próximo año. Este cambio, anunciado ayer por el diputado de Hacienda de Álava, Juan Antonio Zárate, y que se implantará en las tres provincias, supone una rebaja sustancial con respecto a la actual normativa, que fija el mínimo a partir del cual es obligatorio declarar en cinco millones anuales. Establecer un límite tan alto (en el resto de España está en 1,2 millones) ha supuesto pérdidas recaudatorias a las diputaciones. La medida irá acompañada de un descenso en la tabla de retenciones hasta un máximo de tres puntos.

La polémica norma del IRPF aprobada el pasado diciembre por las tres diputaciones sufrirá notables correcciones menos de un año después de entrar en vigor. Las nuevas normas fiscales elevaron de forma apreciable el mínimo exento de declarar, hasta entonces fijado en un millón y medio. Este ejercicio no han tenido necesidad de presentar declaración quienes perciben un sueldo anual inferior a cinco millones de pesetas y además carecen de otros rendimientos que no superen las 50.000 pesetas. Estos contribueyentes pueden presentar la declaración si les resulta negativa (con derecho a devolución).Aquella novedad fue introducida a propuesta del entonces diputado de Hacienda vizcaíno, el peneuvista Fernando Olmos. En su opinión, esta norma del IRPF resultaría innovadora y supondría el preludio del fin de las declaraciones. Sin embargo, cuando el ejercicio aún no ha terminado, las diputaciones se han percatado de que ello les supone una apreciable pérdida de capacidad recaudatoria y además se siguen produciendo desajustes. Hay contribuyentes con un salario que no llega al mínimo de cinco millones, pero cuyas retenciones tampoco quedan ajustadas. Como resultado, las diputaciones salen perdiendo dinero.

Vizcaya y Guipúzcoa, diputaciones ambas gobernadas por el PNV, no pudieron concretar ayer los datos de cuánto dinero pierden por esta causa. El diputado de Hacienda de Álava, Juan Antonio Zárate, un independiente en el gobierno del PP, sí ha criticado abiertamente el proyecto aprobado en diciembre, al entender que se hizo "con alegría". Ayer aseguró que la Diputación alavesa perderá por ese concepto este año unos 214 millones de pesetas "en el peor de los casos". En Álava hay unos 80.000 contribuyentes que entran en el perfil de ingresos inferiores a cinco millones, aunque a la gran mayoría de ellos (unos 70.000) les conviene hacer la declaración, porque les resulta negativa. Sin embargo, hay otros 7.500 que han resultado beneficiados este año. Son los que se han ahorrado el pago de esos 214 millones.

Nueva tabla de retenciones

Ante esta situación de discordancia, el órgano de coordinación tributaria de las tres diputaciones ha llegado a un principio de acuerdo, por el que el año próximo se reducirá la exención de declarar de cinco a tres millones. Esta medida irá acompañada de un nuevo ajuste de las retenciones, tal y como ocurrió en el verano de 1998. También en esta cuestión "se ha hablado con las otras dos diputaciones", señaló el director del departamento de Hacienda en Álava, Ángel Barrasa. "Vamos a intentar ajustar las retenciones lo mejor posible", anunció.

El proyecto se pondrá en marcha el 1 de enero, con lo que afectará a las declaraciones que se realicen en el año 2001. "Bajarán las retenciones entre cero y tres puntos, y será mucho más precisa, con más tramos", añadió Barrasa. Esta medida lleva implícita una pérdida recaudatoria de las diputaciones. En Álava, "sólo por la modificación de la tabla, será de 1.700 millones" el año próximo. En Vizcaya, también se ha hecho una previsión superior a los 2.600 millones. En Guipúzcoa, se desconoce aún la cifra.

Álava adelantó también pequeños cambios en la deducción por vivienda, de modo que los contribuyentes puedan elegir entre la fórmula actual o la que funcionaba antes de implantarse la última normativa.

Las medidas acordadas entre las tres administraciones no son vinculantes, según recordaron ayer los gobiernos de las diputaciones. Para que se hagan efectivas, se requiere un consenso en las Juntas Generales, ya que las modificaciones de este tipo tiene rango de norma foral. Tanto PP y UA en Álava como PNV y EA en Vizcaya y Guipúzcoa gobiernan en minoría, con lo que necesitan apoyos externos, que de momento no tienen asegurados.