Un cargo del PP dice que se vendió la funeraria pese a informes contrarios

Luis María Huete, diputado autonómico del PP y ex primer teniente de alcalde, compareció ayer ante José Luis Quesada, el juez que instruye el caso funeraria en el Tribunal Superior de Madrid, a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción.Huete declaró que no recordaba de quién partió la decisión de privatizar la empresa funeraria en 1992, si de una comisión de gobierno o de otro organismo. Más seguro se mostró Huete al afirmar que aunque había informes contrarios a la adjudicación del 49% de las acciones, se optó por vender ese paquete y no declarar desierto el concurso porque se corría el riesgo de "hundir más a la empresa". Funespaña, la empresa que resultó adjudicataria, "era la menos mala" de las que se presentaron, según Huete. Reconoció "que no hizo un estudio exhaustivo del expediente", y proclamó que se tramitó con urgencia "pues podía haber problemas de carácter fiscal y penal".

Huete destacó que la iniciativa privatizadora no partió del pleno municipal de julio de 1992, ya que "fue de análisis o deliberante". Aseguró que ignora lo que ha pagado Funespaña, aunque recuerda que su oferta tenía "un precio cierto de cuatro mil y pico millones". No aclaró cómo se pasó de ofrecer 4.000 millones a pagar solo 100 pesetas.

Reuniones informales

Para preparar la privatización, Huete tuvo "reuniones de trabajo de carácter informal" con los concejales Simón Viñals y Antonio Moreno, también imputados en esta causa. En las últimas reuniones participó el también imputado José Ignacio Rodrigo, entonces asesor del Ayuntamiento y hoy presidente de la empresa adjudicataria, según Huete. Conoció a Rodrigo en 1992, año en que se lo presentó Viñals como un "experto en temas jurídicos". Huete desconocía si le llegó a Rodrigo una copia de una auditoría con la valoración precisa de la empresa privatizable.

El ex primer teniente de alcalde no recordó en su declaración de ayer qué concejalía elaboró el pliego de condiciones, ni quién fue el edil ponente en la defensa de la privatización en una reunión del Grupo Popular. Y que si el valor fuera de 1.049 millones, como sostuvo el secretario general, no sabía "si lo tendría que pagar la adjudicataria".

Huete mantuvo ayer ante el juez, el fiscal y los letrados de la defensa y la acusación particular que durante todo el proceso se limitó a "presidir una comisión conjunta de régimen interior y sanidad", y a actuar de moderador y ponente.

El ex primer teniente de alcalde explicó que si en el pleno de julio de 1992 "no se hizo una referencia a que la gestión de la empresa mixta iba a ser asumida por una empresa privada fue porque se trataba de un dato sobreentendido o de una consecuencia de la venta de las acciones". El contrato que firmó Huete fue redactado por los servicios técnicos municipales.