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Tribuna:CAMBIOS EN EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN

Sobre la fusión de Pryca y Continente

El autor sugiere que se garantice por ley que el tratamiento que dan las grandes superficies a las empresas y proveedores españoles sea similar al aplicado en otros países

Los procesos de fusión entre grandes empresas como expresión sólida del proceso de globalización y de la lógica de la economía de mercado no sólo son convenientes, sino, en la mayoría de las ocasiones, necesarios. Adaptar la dimensión de las compañías a mercados de mayor tamaño facilita la competencia y permite afrontar desarrollos en investigación, formación y personal, inalcanzables de otra manera.El final del verano trajo la noticia de una de estas fusiones que, por su importancia -sector de la distribución-, anunciaba una polémica mucho antes de que se concretara. Las sociedades Carrefour y Promodès, propietarias de grandes y medianas superficies como Pryca, Continente, Día, Simago o Superdescuento, acordaban empezar un proceso amistoso de unión que finalizará con la creación del primer grupo europeo de distribución y segundo del mundo detrás del todopoderoso Wall-Mart americano.El acuerdo Promodès-Carrefour se inscribe en esta órbita de desenvolvimiento empresarial. El temor ante el desembarco de grandes cadenas comerciales americanas ha provocado "un paso hacia adelante", una especie de ataque estratégico, generando un proceso de concentración de dos cadenas de distribución que incluyen 114 hipermercados, más de 200 supermercados y 2.000 tiendas de descuento.

La medida, adoptada en un momento estratégicamente óptimo -periodo vacacional, Comisión Europea sin constituir y el consumidor noqueado por la vuelta a la normalidad-, sembraba de dudas el panorama comercial español. La más seria y grave de las cuales pudiera ser el alumbramiento de un gigante capaz de detentar una posición dominante y omnímoda en nuestro mercado.

Especialmente significativas han sido las recientes declaraciones de Daniel Bernard, presidente de Carrefour. Ante el temor de los agricultores y las asociaciones de consumidores franceses de que la fusión refuerce aún más el poder de la distribución frente al de los productores, afirmaba: "Todo el mundo conoce mi compromiso con el sector agrícola, que atraviesa un periodo de cambios muy difícil". A renglón seguido mostraba su seguridad de que "el estilo de vida francés estará presente en el mundo entero".

La pregunta obligada ante una operación de esta magnitud es: ¿cuáles pueden ser las consecuencias de este proceso de concentración desde el punto de vista de la competencia y del equilibrio entre las grandes empresas y las pequeñas, en muchos casos microempresas de carácter familiar? Apuntemos algunas.

En la distribución de gran consumo se puede intensificar la presión sobre fabricantes e industriales con repercusión en precios, plazos de pago, pagos atípicos y demás elementos de la negociación.

Si bien estos aspectos han sido objeto de un fuerte debate y han sido regulados por la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, todavía se observan prácticas y actitudes poco ortodoxas en función del peso relativo de los canales de comercialización (pagos a discreción de la gran superficie más allá de los 90 días, llegando a 180 e incluso más; prescindir de un determinado proveedor, sin causas justificables, antes de cumplir el plazo predeterminado en el contrato o la denominada venta a pérdidas).

En el sector de productos anteriormente citados se pueden desarrollar monopolios espaciales en la medida en que coincidan en posiciones próximas dos establecimientos de las empresas que se fusionan; es decir, se harían la "competencia a sí mismas", estableciendo barreras de entrada para el acceso de otros operadores. Paradójicamente, la "segunda licencia", regulada en la Ley de Comercio, podría apuntalar este proceso de carácter monopolístico en ámbitos locales.

Ante esta situación, las cámaras de comercio, lejos de reprobar la fusión como tal, hemos manifestado nuestra preocupación por un hecho que afecta a fabricantes, consumidores, suministradores y pequeños y medianos comercios. Una de las funciones que la ley tiene encomendadas a estas instituciones es la de velar por la mejora de la actividad comercial y el aumento de la competitividad de las empresas, especialmente de las pymes. Pero para que tal función sea efectiva es imprescindible que todas las partes cumplan los preceptos que establece en su letra y, sobre todo, en su espíritu, la Ley de Comercio.

Por ello, el propio Comité Ejecutivo de las Cámaras ha pedido que se adopten las modificaciones legales necesarias para garantizar que el tratamiento aplicado por las grandes superficies a las empresas y proveedores españoles sea similar al que emplean con empresas y proveedores de otros países, especialmente en lo que se refiere a los plazos de pago.

Pero nuestro papel quedaría cojo si nos limitáramos a esta expresión de malestar. La Ley de Comercio marca unos plazos e hitos que hay que cumplir hasta la liberalización total del sector. Por ello es necesario que las condiciones de desarrollo de la actividad de los pequeños comercios mejore para afrontar la libre competencia.

Es necesario intensificar las políticas de asistencia técnica y formación para las pymes comerciales; fomentar el apoyo a los procesos asociativos -en volumen de compras y en términos espaciales- que permitan orientar el mercado relevante de la distribución comercial en una dirección competitiva, evitando tentaciones monopolíticas.

Lo que perjudica a la pyme comercial son posiciones de dominio. Por el contrario, lo que necesita es apoyo financiero para su modernización, fiscalidad favorable o reducción real e inmediata de las comisiones por utilización de las tarjetas de crédito. Ahí está el futuro de las pymes, el futuro que apoyan las cámaras de comercio y que implica, a su vez, defender con energía la transparencia y competencia del mercado.

José Manuel Fernández Norniella es presidente del Consejo Superior de Cámaras.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 26 de octubre de 1999