Una herramienta clave

A mitad de camino entre el sistema de los länder alemanes y el marco federal norteamericano, la autonomía catalana, diseñada por el estatuto de 1979, sigue dirimiéndose de espaldas al 40% de los ciudadanos. Este porcentaje de abstención, registrado en el referéndum del 25 de octubre de 1979, viene repitiéndose con pequeñas variaciones en todas las elecciones al Parlament, incluida la del pasado día 17.A pesar de este dato, los partidos realizan valoraciones positivas del estatuto. Las dos formaciones mayoritarias, CiU y PSC, aceptan la evidencia de que la Constitución y el estatuto catalán han sido, a lo largo de los últimos 20 años, las herramientas claves en la recuperación de la autonomía. Para ambas formaciones, el estatuto requiere, como máximo, una relectura.

En el caso de CiU, esta relectura debería desembocar en un pacto para el autogobierno con el resto de las fuerzas políticas nacionalistas y no nacionalistas para alcanzar una mayor autonomía, una Generalitat dotada de más competencias, donde en Cataluña fuera la Administración única. La formulación mantiene el gradualismo clásico de Jordi Pujol, aunque se le añade esta coletilla: "La no viabilidad del pacto autonómico podría conducir a la necesidad de plantear la reforma del estatuto", según señala el programa electoral presentado por los nacionalistas en los recientes comicios.

El PSC plantea que la relectura del estatuto incorpore experiencias europeas innovadoras, como las que se han visto en la devolución de parcelas de soberanía a Gales y Escocia por parte de Gran Bretaña.

Los socialistas levantan la bandera del catalanismo federal sobre dos grandes ejes: la conversión del Senado en una Cámara territorial de representación autonómica -una constante de Pasqual Maragall desde sus primeros tiempos en la alcaldía de Barcelona- y la presencia directa de las nacionalidades históricas como Cataluña en las instituciones europeas, "asumiendo o compartiendo la representación del conjunto del Estado en las materias en las que ya existen competencias reconocidas".

Iniciativa per Catalunya Verds (IC-V) considera que no tiene sentido hablar de la reforma del estatuto sin modificar la Constitución. El presidente de IC-V, Rafael Ribó, defiende que el estatuto ha desarrollado satisfactoriamente, hasta casi el 70%, las posibilidades ofrecidas por la Constitución. Para IC-V se trata más bien de profundizar en estas posibilidades constitucionales con voluntad política que de modificar los textos. Así ocurre, por ejemplo, con al artículo segundo de la Constitución, cuyo desarrollo permitiría la pluriculturalidad y el plurilingüismo de España, un escenario de enormes posibilidades si se traslada a la revisión de algunas sentencias polémicas del Tribunal Constitucional.

Por su parte, Esquerra Republicana (ERC), especialmente beligerante en contra de los textos constitucionales, alienta ahora una reforma a fondo del estatuto, pero siempre basándose en un consenso. El partido de Josep Lluís Carod propone varios cambios del estatuto, que a su juicio permitirían convertir el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en una corte de casación, y asimismo podrían contribuir a ampliar las competencias de orden público, hasta el punto de que la Generalitat llegara a ser una Administración autónoma en materia policial sin estar sujeta, como ocurre ahora, a las decisiones de la Junta de Seguridad.

Primeras polémicas

Los antecedentes directos del estatuto se encuentran en la asamblea de parlamentarios catalanes creada el 25 de junio de 1977, que reclamó la recuperación de las instituciones configuradas en el Estatuto de Autonomía de la Segunda República, aprobado en 1932, la restauración de la Generalitat, el retorno de su presidente, Josep Tarradellas, y la constitución de un Gobierno provisional. Esta misma asamblea de parlamentarios -sin contar con la convocatoria de Tarradellas- decidió en junio de 1978 preparar un anteproyecto de estatuto de autonomía con el nivel más alto posible de competencias. Nombró de entre sus miembros a la llamada Comisión de los 20, y sobre todo cerró un borrador conocido como el Estatut de Sau, porque los parlamentarios trabajaron varios días en un parador junto al pantano de Sau, cerca de Vic (Barcelona).

El estatuto nació en medio de una gran polémica protagonizada por el entonces presidente de la Generalitat provisional, Josep Tarradellas, que vio cómo el protagonismo de los parlamentarios hacía añicos su idea de que la única representación de Cataluña debía ostentarla la Generalitat.

Tarradellas criticó más que nadie el estatuto -"este estatuto se hace contra mí", llegó a decir- argumentando que tendría poco contenido, y, sobre todo, que permitiría la continuidad de las diputaciones provinciales y los gobiernos civiles. Lo cierto, en cualquier caso, es que la pervivencia de las provincias se había consagrado ya en la Constitución, consensuada antes que el estatuto.