Los nacionalistas rechazan las "prisas" del PSE para aprobar la ley de Suelo porque exige mucho consenso

El Departamento de Vivienda está ultimando el borrador de la futura ley del Suelo, pero de momento prefiere no marcarse plazos para su aprobación por el Consejo de Gobierno, como paso previo a su remisión al Parlamento vasco. Este proyecto es una vieja aspiración del Ejecutivo autónomo, pero legislatura tras legislatura se ha ido quedando en el cajón ante la complejidad que supone sacarlo adelante y también, en parte, porque no podía legislar sobre todos los apartados relacionados con el urbanismo. Sin embargo, parece que ahora puede ser el intento definitivo, aunque el pleno del Parlamento rechazó ayer con los votos de los partidos nacionalistas (PNV, EH y EA), una proposición no de ley formulada por el PSE en la que se solicitaba la aprobación en el plazo de dos meses del proyecto de ley por parte del Consejo de Gobierno. El portavoz del PSE y ex consejero de Vivienda, José Antonio Maturana, justificó la premura porque Euskadi es una de las comunidades "con los precios más altos de suelo, por la especulación y por la falta de legislación adecuada que agilice el planeamiento y la gestión de suelo". El PP e IU apoyaron la iniciativa.

El Tribunal Constitucional derogó en 1997 las dos terceras partes de la ley del Suelo estatal que estaba en vigor y que era legislación básica para toda España. Desde entonces, las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva en materia de urbanismo.

Bilbao, San Sebastián y Vitoria están entre las cinco capitales de provincia de España con los precios más caros en la vivienda. El gran caballo de batalla es disponer de terreno barato para reducir la repercusión que el coste del suelo tiene sobre el precio final de los pisos. El Gobierno confía en que el futuro texto legal permita abaratar el suelo.

El representante de EA, Jon Goikoetxea, pidió calma al PSE porque para sacar adelante este proyecto tiene que lograrse un consenso muy amplio entre todos los agentes implicados, desde ayuntamientos hasta diputaciones pasando por el propio sector. "Hay que ser prudentes y no marcarse plazos", recomendó.