Tarancón elude el debate de los conciertos educativos y acusa a la oposición de tener "mucho morro"

La comparecencia en las Cortes del responsable autonómico de Educación, Manuel Tarancón, a petición del grupo parlamentario Esquerra Unida para que explicara las "irregularidades" en los conciertos con diez colegios de élite y vinculados al Opus Dei aprobados en agosto, fuera del plazo de matrícula, se convirtió ayer en un flanco de acusaciones contra los diputados de oposición, a los que llamó "sectarios" y acusó de tener "mucho morro". Más allá de la lección de interpretación constitucional, Tarancón esquivó durante dos horas todas las cuestiones puntuales sobre la discrecionalidad política del proceso.

Tarancón centró ayer su comparecencia destinada a debatir la batería de dudas y sospechas que pesan sobre los polémicos conciertos aprobados por la Administración del PP el 26 de julio (cuatro días después de revalidar la mayoría absoluta al frente de la Generalitat) en una lección de cómo interpretar la Constitución y la "pluralidad" educativa. Todas respuestas a la treintena de preguntas sobre el proceso administrativo lanzadas por el portavoz de EU, Ramón Cardona, y por el portavoz del PSPV, Baltasar Vives, quedaron en el aire. "La política de conciertos se basa en cumplir el programa educativo del PP, que fue apoyado mayoritariamente en las urnas, y defiende la educación libre, plural, que respeta el derecho de los padres a elegir centro libremente, que garantiza la Constitución", puntualizó.Tarancón defendió, así, "la legalidad" de las subvenciones concedidas para el curso 1999-2000 y el 2000-2001 a diez colegios privados que atienden a la población de zonas residenciales, lo que según la oposición, hace injustificable los conciertos por "necesidades de escolarización" y que, en conjunto, costarán 6.000 millones en dos años.

El consejero reivindicó que todos fueron analizados por la comisión de conciertos que dota al proceso de "la máxima participación, claridad y transparencia siempre", y mostró una circular en la que rechaza la acusación de UGT de que no fueron convocada a la reunión donde se pactaron los polémicos conciertos. Gonzalo Castillo, de UGT, rechazó ayer esta la versión y precisó que "en el libro de registro del sindicato no consta el acuse de recibo de la convocatoria" y afirmó que "la última palabra la tendrán los tribunales", en referencia a los recursos ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). También adelantó que pedirá "la suspensión cautelar del concierto con la academia de Dolores García Broch [ex concejal de UV] y el colegio Villa Fátima de Burriana, que tienen obligación de pasar por la comisión".

El portavoz de EU, Ramón Cardona instó al consejero a auditar los centros concertados, tanto en el ámbito económico como en el pedagógico, y le pidió "actuar en consecuencia" y "dimitir", "tras el escándalo y provocación de su política de concertación". Cardona acusó al consejero de "grave abandono de sus responsabilidades" y de "rebasar los límites que le impone la ley", concertando "sin complejos centros no ya de élite, sino segregadores", que "fomentan la desigualdad" y atacan la escuela pública.

El objetivo de estos conciertos, precisó el portavoz del PSPV, "es la privatización" de la educación y "gobernar para favorecer intereses particulares", frente a los intereses generales, a la vez que se está "destrozando el sistema público". Vives reclamó la dimisión de Tarancón "por razones éticas y estéticas", y se mostró convencido de que, aunque seguirá en su cargo, "con su desastrosa gestión colaborará a que en las próximas elecciones los ciudadanos le quiten de su sitio votando más progresista".

Tarancón lamentó que la oposición "insista en la machacona idea de "colegios de elite" y enfiló hacia la oposición a la que acusó de "hacer mucha demagogia" y de "sectarismo". Respecto al colegio María de Icíar, sobre el que pesa una orden de embargo de Trabajo por fraude tributario de 83 millones, dijo que lo explicará en otra comparencia, pero aseguró que ha pedido, a través de la inspección educativa, que devuelvan el dinero cobrado. Según CC OO, "la inspección no tiene capacidad de maniobra para que sean reembolsadas las altas tasas de matrícula, a menos que exista una denuncia de los padres" e insisitió en que trabajan con EU y el PSPV en una proposición de ley para auditar el paquete de centros.