El fiscal dice que la Caja de Crédito de Alcoy "maquilló" sus balances

La Fiscalía aseguró ayer que los rectores de la Caja de Crédito de Alcoy "maquillaron" sus balances para reflejar que sus activos eran superiores a los pasivos. De acuerdo a esta teoría, el fiscal solicitó al tribunal de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Alicante que ratifique la sentencia de un juzgado de Alcoy que decretó que la quiebra de la entidad fue fraudulenta. El abogado de los afectados (1.600 impositores) aseguró que si se consolida esta tesis, recurrirán también a la vía penal.

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Alicante vio ayer el recurso de apelación presentado por los rectores de la Caja de Crédito de Alcoy contra la sentencia del Juzgado de Instrucción número 2 de esta localidad, que el 30 de julio de 1998 decretó que la quiebra de la entidad fue fraudulenta. El juzgado basó el fallo básicamente en dos argumentos: el anticipo de pagos en perjuicio de terceros, días antes de la suspensión de pagos (en julio de 1993) y el abuso de créditos a personas sin las debidas garantías y de manera arbitraria.En la vista del recurso de apelación, el fiscal incidió en los argumentos del juzgado de Alcoy para solicitar a la sala que ratifique la sentencia del primer tribunal. A juicio del fiscal, hay dos datos que corroboran la quiebra fraudulenta: de un lado, el abuso de créditos a personas vinculadas con la dirección de la caja (hijo, hermana y cuñada del director) y el pago de anticipos en perjucio de los impositores. "Todo ello", dijo el fiscal, "hace que la quiebra exceda de la mera negligencia para pasar a ser una actuación fraudulenta".

Mientras, Moises Vicens, abogado de los afectados, abundó en las tesis del ministerio público y acusó a los rectores de la Caja de Alcoy "de manipular los libros de cuentas y balances de manera ficticia". Vicens aseguró que, a pesar de que el fallo de la Audiencia no prejuzgará posibles acciones penales de los acreedores contra los directivos de la caja, sí que "ayudará a consolidar está posición, si en un futuro decidimos recurrir a esta vía". En la actualidad, los 1.600 pequeños impositores afectados por la quiebra tienen pendiente todavía el cobro de 700 millones de pesetas. En su día y a través del Instituto Valenciano de Finanzas, lograron recuperar 200 millones.

Por su parte, Alfonso García, abogado de la Caja, mantuvo que la quiebra fue fortuita y además pidió la nulidad de las actuaciones del juzgado de Alcoy por indefensión y por entender que la sentencia se basa exclusivamente en el informe del comisario de la quiebra, a su juicio, "imparcial y no objetivo". El fiscal y el abogado de los afectados rechazaron esta petición de nulidad.