La Junta tendrá el próximo año oficinas de control urbanístico para las costas de Málaga y Cádiz

Para evitar la degradación de la costa, la Consejería de Obras Públicas pondrá en marcha el año que viene unas oficinas de control urbanístico en el litoral andaluz, que empezarán en Málaga y Cádiz. La directora general de Urbanismo, Josefina Cruz, explicó ayer en Málaga que se pretende vigilar el cumplimiento de los planes de ordenación urbana en las zonas de mayor crecimiento "para no hipotecar su futuro". Los nuevos servicios costarán alrededor de 100 millones anuales y podrían duplicar la estructura de control en estas dos provincias.

La Junta aprovechará los presupuestos del año que viene para mejorar los servicios de control urbanístico en el litoral andaluz. La Consejería de Obras Públicas pondrá en marcha, en Cádiz y Málaga, un sistema de prevención que evite "los errores urbanísticos de Baleares, Valencia y Murcia", según declaró ayer la directora general Josefina Cruz. Se aumentará el número de técnicos y los medios materiales para "hacer un seguimiento detallado de la disciplina urbanística". "No se trata de desconfianza hacia los equipos de gobierno de los ayuntamientos, sino de defender los intereses de esos municipios", añadió la directora general. Josefina Cruz mencionó Tarifa, Barbate o San Roque como ejemplos de localidades "con litorales más vírgenes, que generan mucha apetencia".

Esta idea, a la que se está dando cuerpo en la actualidad, pretende utilizar diversos servicios del Estado para anticiparse "a los hechos consumados, en los que cuando se actúa después de alguna actuación ilegal el constructor ya ha vendido". La Consejería quiere fomentar que los ciudadanos se informen en el registro de la propiedad o en el ayuntamiento, antes de comprar una vivienda. Al mismo tiempo se quiere utilizar medios aéreos para realizar los mapas cartográficos de las localidades de la costa con más frecuencia que en el interior. Estos mapas, con escalas de 1:10.000 y 1:5.000, se elaboran como máximo cada dos años y cada vez que se inicia la revisión de un plan de ordenación urbana.

La ampliación de los servicios de control se empezará con unos 100 millones de pesetas anuales. Esto podría duplicar el número de técnicos dedicados a la vigilancia urbanística, que en Málaga no son más de tres. Un número considerado insuficiente para evitar, con tiempo, actuaciones contrarias a la ley.

Josefina Cruz intervino en el curso Urbanismo 99, organizado por la Diputación de Málaga, para presentar el borrador de la nueva ley de Ordenación del Territorio y del Suelo, que la Junta quiere enviar al Parlamento de Andalucía antes de que termine esta legislatura. Esta nueva ley se está redactando desde hace dos años y está en fase de alegaciones de ayuntamientos, colegios profesionales, universidades y agentes sociales. La ley subrayará el papel de los municipios, con más competencias y mayor responsabilidad para los ayuntamientos. Tipificará la capacidad de la comunidad autónoma de tener un patrimonio regional de suelo, para las necesidades de servicios públicos de la Junta. Regulará los convenios urbanísticos, que, según Josefina Cruz, "no son malos en general": se van a legalizar, aunque se les exigirá "publicidad y transparencia". Los convenios serán nulos si van en contra de la normativa urbanística y deben estar inscritos en un registro. Esta nueva ley no afectará a los planes generales de ordenación urbana (PGOU) que ya están en curso, como el de Marbella. Sobre este PGOU, que en las próximas semanas enviará el Ayuntamiento marbellí a la Comisión Provincial de Urbanismo de Málaga, la directora general dijo que "no es normal que en el mismo acto administrativo se aprueben dos documentos, uno de cumplimiento de las exigencias de la comisión de julio de 1999 y otro con modificaciones llamadas no sustanciales que revisan el plan". "Eso introduce inseguridad jurídica, lo normal es que se apruebe el plan y luego con el tiempo se vayan haciendo modificaciones en función de las necesidades: un PGOU no es una foto fija", concluyó.