IU propone una Ley de Servicios Sociales que concede una renta mínima a los que carecen de ingresos

Izquierda Unida reclama al Gobierno de la Comunidad de Madrid que garantice una renta mínima de 50.000 pesetas mensuales (el 70% del salario mínimo interprofesional) a los madrileños mayores de 18 años con ingresos inferiores a esa cantidad. Esta propuesta es una de las novedades que el grupo parlamentario de IU, que preside Ángel Pérez, incluye en su proposición de nueva Ley de Servicios Sociales. Caridad García, diputada de IU encargada de Asuntos Sociales, explicó que con esta renta mínima se pretenden cubrir las necesidades básicas de subsistencia de los ciudadanos excluidos del mercado laboral."Con esta propuesta pretendemos dar un paso más allá del actual Ingreso Madrileño de Integración (IMI) o salario social", añade García. En la actualidad, unas 8.400 familias madrileñas perciben el IMI: un ingreso medio de 40.000 pesetas mensuales, aunque esa cantidad puede ser mayor si se tienen varios hijos.

"La renta mínima sería un derecho, siempre que se cumplan los requisitos, y no una ayuda graciable como es ahora el IMI. Además, no se concedería por unidad familiar, sino por persona y podrían optar a ella jóvenes parados a partir de los 18 años, aunque no sean cabezas de familia ", matiza la diputada.

IU estima que el Gobierno regional debería presupuestar cada año de 8.000 a 10.000 millones de pesetas para hacer realidad estas rentas mínimas para los que no tienen ingresos, una cantidad que duplica la que ahora se destina al pago del IMI.

En el proyecto de IU se matiza que los perceptores de este salario de subsistencia estarán obligados a comprometerse a participar en planes formativos y sociales que faciliten su inserción laboral. "Estamos en contra de supeditar la concesión de esta renta a condiciones como la escolarización de los hijos, algo que ahora se hace con el IMI. Ésos son aspectos a trabajar por los servicios sociales, pero la renta mínima es un derecho en una sociedad como la nuestra que excluye del mercado laboral a parte de la población", apostilla García.

Debates autonómicos

Las rentas mínimas son una realidad en Francia, pero el debate sobre su creación ha surgido también en comunidades autónomas como la vasca y la catalana. CCOO y UGT también plantean la necesidad de garantizar este ingreso mínimo de subsistencia.

Una de las objecciones que se ponen a estos programas es que puedan desincentivar a sus perceptores de la búsqueda de empleo. En IU replican que unos ingresos de 50.000 pesetas por persona (100.000 en el caso de una pareja en la que los dos cobren la prestación) "no desincentiva porque son cantidades que quedan muy cortas para vivir en una ciudad cara como Madrid".

"El mismo miedo existía cuando comenzó a concederse el IMI, pero ahora nadie cuestiona su existencia. Otra cosa es que haya que controlar el fraude y que tengamos que luchar por hacer aflorar la economía sumergida a la que tienen que recurrir las capas más desfavorecidas", argumentan en la coalición.

La propuesta de nueva ley de Servicios Sociales presentada por la coalición pretende ofrecer una alternativa a la que está en vigor, que data de 1984 aunque ha sido objeto de numerosas modificaciones. "El Partido Popular elaboró también un borrador de ley que encontró numerosas reticencias en la Federación Madrileña de Municipios y Provincias", aseguran en la coalición.

La propuesta de ley de IU establece también que debe de garantizarse un mínimo de un trabajador social por cada 5.000 habitantes, un detalle al que la normativa actual no entra. Con esa precisión se pretende garantizar una asistencia social adecuada a toda la ciudadanía.

Asimismo, el proyecto incluye como prestaciones básicas equipamientos que no se consideran como tales en la ley vigente como los centros de día (de mayores, de toxicómanos...) por lo que ahora el ejecutivo no está obligado a crear un número concreto de estos servicios.