Saldaña defiende su "derecho a informar" y replica que el Gobierno también envía cartas

Cádiz - 16 oct 1999 - 00:00CEST

VIENE DE LA PÁGINA 1 Pérez Saldaña, durante la presentación del Foro de la Inmigración en Sevilla, admitió que había enviado la carta. "¿Cómo no voy a decirles que el Gobierno central no les va a subir ni una sola peseta?", se preguntó el consejero, quien consideró que tenía "el derecho legítimo de informar". El consejero recordó que el Ministerio de Trabajo envía regularmente cartas a los pensionistas en las que explica sus medidas y señaló que si el PP le acusa de malversación, habría que investigar "con qué caudales públicos" se financian los comunicados del ministerio.

Chaves mostró su "sorpresa" ante la denuncia y empleó un argumento similar. "Habría que llevar al fiscal a todos los presidentes de comunidades autónomas, al presidente del Gobierno y a mí mismo porque yo también he mandado cartas a mucha gente, porque estamos en nuestro derecho a informar", informa Europa Press.

La denuncia del PP "no prosperará", según Pérez Saldaña, quien matizó que el Gobierno andaluz "va a seguir adelante" con su política de completar las pensiones asistenciales que, anunció, "se verán incrementadas este año un 10%" . El consejero negó así que la carta tuviese una motivación "electoralista o partidista", como mantienen los populares. Hasta ahora, la Junta complementa las pensiones asistencialistas del Gobierno (26.000 pesetas al mes) con 24.935 pesetas mensuales, una cantidad, que según el PP, no ha variado en los últimos años.

El PP presentará un escrito para solicitar el amparo del presidente del Parlamento andaluz, Javier Torres Vela, para que la Cámara autonómica exija una rectificación a Pérez Saldaña e inste a la Junta a remitir otra carta a los perceptores de pensiones asistenciales para "restituir la verdad". El PP pedirá también la comparecencia en la Cámara de Pérez Saldaña.

Polémica por el salario social en Cádiz

La Junta gestionará el salario social en Cádiz ante la negativa del Ayuntamiento de la capital, el único de la provincia que se ha desmarcado del convenio que regula la colaboración de ambas administraciones. La Delegación de Asuntos Sociales reclamó ayer al municipio que devuelva los 139 expedientes que están pendientes de estas ayudas, que se conceden a familias que reciben menos del 62% del salario mínimo interprofesional (69.270 pesetas). El delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Francisco Menacho, ha calificado de "insolidaria" la actitud del equipo de gobierno, del PP, y apela a la sensibilidad social de la alcaldesa y candidata a la Junta, Teófila Martínez.Con todo, Menacho considera que lo principal es que se tramiten con urgencia las ayudas bloqueadas por la negativa del Ayuntamiento.

Martínez explicó ayer que el municipio no tiene personal suficiente para afrontar esta labor. "Estamos dispuestos a colaborar como hacíamos antes, con 30 o 40 expedientes, pero no la totalidad de ellos", dijo la alcaldesa de Cádiz, quien recordó que "la Junta está obligada" a tramitar esos expedientes. En cambio, la administración andaluza informó ayer de que el municipio ha recibido este año una cantidad adicional de 3,5 millones de pesetas destinados a contratar personal específico para la gestión del salario social.

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz acordó ayer expresar su malestar por las declaraciones de Menacho. "Queremos una explicación del delegado del Gobierno por sus manifestaciones descalificatorias porque no es de recibo que se transmita a la sociedad una actitud insolidaria de este ayuntamiento cuando no es cierto: tenemos una actitud responsable", dijo la alcaldesa, quien arremetió contra Menacho: "Es una actitud engañosa, sectaria, manipuladora de la información y de sus obligaciones; es una actitud dictatorial, y antidemocrática, porque trata de ocultar a los ciudadanos las obligaciones de su delegación".

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