El Gobierno afirma que 30 colaboradores de ETA huidos ya han tramitado su vuelta a España

Treinta personas huidas por su presunta o pasada vinculación con ETA han regularizado ya su documentación para regresar a España. Representan el 10% de la cifra de 304 personas huidas que podrían volver sin problemas, según anunció el Gobierno el pasado siete de mayo. Algunos ya lo han hecho. Fuentes de La Moncloa estiman en otra sesentena la cifra de personas huidas que han mostrado su interés por la propuesta del Gobierno y tienen una "expectativa firme" de regresar. El principal obstáculo para un retorno masivo, según el Ejecutivo, es la influencia que ETA ejerce sobre el colectivo de personas huidas, aunque el control efectivo se limita al comité de refugiados de Venezuela.

El Gobierno ha hecho un primer balance de su oferta de regreso a España de 304 personas huidas al extranjero por su presunta o pasada vinculación con ETA a los cinco meses de su anuncio. El Ejecutivo concluye que el ofrecimiento ha tenido una "buena recepción" por parte de los interesados, aunque su materialización está siendo por "goteo". El núcleo principal de huidos reside en México, Venezuela, Uruguay, Cuba, República Dominicana y Nicaragua, además de Francia.Son en su mayoría personas que huyeron de España después de que sus nombres aparecieran en sumarios judiciales tras algunas redadas policiales y que, en muchos casos, ni siquiera fueron juzgadas. Muchos de ellos viven en la semiclandestinidad y con documentos de identidad falsos.

Una tercera parte de los 304 afectados se ha interesado efectivamente por la medida, según el Gobierno, al hacer uso del teléfono de contacto que el Ministerio del Interior publicó el 7 de mayo, o presentándose en las embajadas españolas en sus respectivos países de residencia. También le consta al Gobierno que un número mucho mayor ha dado credibilidad a la oferta, según se deduce de estas informaciones y de las procedentes de los emisarios que el Ejecutivo envió a México y Venezuela, el pasado verano. Estos enviados especiales entraron en contacto con exiliados anteriormente vinculados a ETA.

De todos ellos, 30 personas -residentes tanto en Francia como en América- han regularizado su situación y poseen documentación en regla para regresar a España. No todos han regresado porque algunos tienen su vida resuelta en esos países. Para otros 60 hay una "expectativa firme" de regresar, si bien aún no han realizado la tramitación. El Ejecutivo no ofreció los nombres de los primeros beneficiados para "garantizar la confidencialidad de la operación", tal y como prometió el ministro portavoz, Josep Piqué, cuando anunció la medida el 7 de mayo pasado.

El "goteo" más numeroso se produjo durante el verano y un amplio contingente de los interesados por la medida se acercó al sur de Francia. El Ejecutivo confía en que durante las Navidades aumente el recuento.

Obstáculo

El principal obstáculo para un regreso masivo de los 304 beneficiados por la medida es, según el Ejecutivo, el temor al control de ETA. La banda manifestó su posición contraria a dicha medida en un comunicado y vaticinó su fracaso al poco de hacerse pública la oferta gubernamental en mayo. También el comité de refugiados de Venezuela publicó una nota en contra de la oferta del Ejecutivo."No temen tanto una reacción violenta de la banda -como el asesinato en 1986 de Dolores González Catarain, Yoyes, que regresó individualmente del exilio al romper sus relaciones con la organización terrorista- como que en sus localidades de origen les reciban mal por haber actuado individualmente. Es, sobre todo, temor social", señalan fuentes gubernamentales. Las mismas fuentes precisan que ETA sólo ejerce un control directo sobre el núcleo de refugiados de Venezuela.

Los 304 presuntos colaboradores de ETA están actualmente apartados de la organización terrorista, aunque muchos de ellos siguen siendo sensibles a su influencia social. Un avance en el proceso de paz en Euskadi les animaría a dar el paso de su regreso definitivo, estiman en el Ejecutivo.

El Gobierno, en su recuento del pasado 7 de mayo, separó un grupo de 304 personas de las 550 que, según sus cálculos, se fugaron al extranjero tras las redadas policiales contra ETA. La situación de esos tres centenares de huidos no es la misma. La mitad de ellos pueden regresar sin necesidad de ninguna tramitación legal porque sus casos han sido sobreseídos o, en algunos casos, han prescrito. La otra mitad necesita pasar por la Audiencia Nacional para regularizar definitivamente su situación. El ministro Piqué prometió el 7 de mayo pasado que los interesados tendrían la información necesaria y el asesoramiento legal garantizado.

Los más de 200 etarras huidos, excluidos de la oferta de regreso del Gobierno, se reparten así: 60 cumplen condena en Francia por pertenencia a ETA o por actividades relacionadas con la banda terrorista; otros 70 están juzgados y condenados en rebeldía en España, y el resto son miembros activos de la banda terrorista, según las estimaciones de La Moncloa.

El primer anuncio de esta medida lo realizó el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, hace ahora un año, en octubre de 1998, un mes después del anuncio de tregua indefinida de ETA. Fue una declaración de intenciones suficiente como para que algunos huidos se acercaran al sur de Francia para interesarse por la medida. La dilatación del proceso de paz hizo que muchas personas regresaran a sus países de procedencia.