El PP niega la gratuidad de los libros de texto porque considera "caro lo que no es necesario"

El Partido Popular rechazó ayer en las Cortes Valencianas una iniciativa socialista que reclamaba una dotación en los presupuestos de la Generalitat para garantizar la gratuidad de los libros de texto para los alumnos de enseñanzas no universitaria. Maira Barrieras, portavoz de Educación del PP, ofreció una enmienda transaccional muy razonable que fue rechazada, invocó las prioridades del gasto y defendió que resulta "caro lo que no es necesario". La oposición recordó a coro los recientes conciertos educativos con colegios de élite para desarmar la argumentación.

La primera iniciativa al respecto fue presentada por Esquerra Unida en 1987. Todos los grupos con representación en las Cortes, incluida Alianza Popular, apoyaron entonces la propuesta. La Generalitat estableció una partida de 1.000 millones de pesetas para subvencionar la compra de libros de texto entre la familias más necesitadas. La partida se ha reducido a 800 millones de pesetas desde que el PP ocupa la Generalitat y resulta insuficiente para dotar a todas las familias que la solicitan de acuerdo con las exigencias de la convocatoria, según admitió la propia Barrieras.Baltasar Vives, portavoz del PSPV para temas de Educación, planteó la posibilidad de consignar un partida en los presupuestos del próximo ejercicio para lograr la gratuidad de los libros de texto "para todas las familias, empezando por las más necesitadas, antes de finalizar la presente legislatura". Vives aseguró que la cantidad necesaria para subvencionar todos los libros de texto no superaría los 10.000 millones anuales. En pasillos redujo la cifra a unos 3.500.

Vives recordó la actual etapa de bonanza económica y apostó por distribuir los beneficios de esa riqueza, al menos entre los más necesitados. El portavoz socialista invocó la Constitución, la LODE y la LOGSE para sustentar su iniciativa.

La diputada popular recordó que 100.000 familias valencianas reciben ayudas en la actualidad y destacó la necesidad de racionalizar los gastos de educación: "Si con el dinero de los más necesitados pagáramos los libros de los más ricos no estaríamos en el camino para llegar a una sociedad del bienestar". Vives, que fue director general en el periodo en que Ciprià Ciscar ocupó la Consejería de Cultura y Educación, sacó a colación los recientes conciertos educativos con colegios de élite y vinculados al Opus Dei para desarmar el argumento de Barrieras. "Debería aplicar ese razonamiento cuando subvenciona colegios de pago donde acuden alumnos con rentas diez veces superiores a la media", dijo.

Barrieras ofreció a los socialistas una enmienda transaccional para incrementar el número de posibles beneficiarios de las ayudas y para aumentar la cuantía de las becas de estudio de modo que todas las familias reciban la cantidad necesaria para pagar la mitad del coste de los libros de texto. Pero su propuesta no fue aceptada.

Barrieras y Vives se enzarzaron en una discusión sobre el coste real de los libros de texto, que según diversos estudios varía entre las 8.000 y las 19.000 pesetas por alumno y año. La portavoz del PP reprochó a Vives que la Administración socialista jamás impulsó medidas similares y éste señaló que varios ayuntamientos gobernados por el PSPV han consignado partidas de sus presupuestos para cubrir una exigencia de la Constitución.

Ramón Cardona, portavoz de Esquerra Unida, reivindicó la paternidad de la primera iniciativa al respecto aprobada en las Cortes y repartió estopa por igual a unos y otros. Pero cargó las tintas en la incongruencia que supone destinar ayudas a colegios de élite y negar fondos para subvencionar los libros de texto. Cardona también aprovechó la ocasión para denunciar la homologación obligatoria de los libros de texto en la Comunidad Valenciana y que supone "limitar los textos que no son del agrado" de los responsables políticos.

Historiales clínicos

José Emilio Cervera, consejero de Sanidad, garantizó en la sesión vespertina la confidencialidad de los historiales clínicos que digitalizan en la actualidad empresas externas a la Administración autonómica como paso previo para implantar la denominada tarjeta sanitaria.

Cervera respondía a una pregunta de EU, formulada por Ángela Llinares, quien afirmó que "el deseo privatizador del PP se ha pasado" y le ha llevado a una iniciativa "demencial" para privatizar los datos clínicos.

"Son datos estrictamente confidenciales, que no se van a manipular en beneficio de nadie, ni a modificar, ni a utilizar para fines ajenos a los sanitarios", manifestó Cervera y recordó que no ha habido ninguna denuncia sobre "uso fraudulento" de esos historiales.