Aznar y Blair piden que el "delito político" no sirva para eludir la extradición en la UE

En una nueva iniciativa conjunta, el presidente del Gobierno español, José María Aznar, y el primer ministro británico, Tony Blair, propusieron ayer por escrito al resto de los países de la UE incrementar la cooperación policial y judicial a fin de luchar contra el crimen organizado y establecer un enfoque común sobre asilo e inmigración. En una carta dirigida al primer ministro de Finlandia, Paavo Lipponen, que preside este semestre la UE, Aznar y Blair formulan una gama de medidas para simplificar el proceso de extradición eliminando el "delito político" como forma de eludirlo.

Aznar y Blair han enviado esta carta -fechada ayer 11 de octubre y firmada por ambos dirigentes- a sus homólogos europeos con motivo del próximo Consejo Extraordinario que se celebrará esta semana en Tampere (Finlandia) y que estará dedicado exclusivamente a temas de Interior y Justicia. "Tampere es sobre todo una oportunidad de demostrar a los ciudadanos de Europa cómo la Unión Europea puede contribuir a los esfuerzos nacionales para combatir la criminalidad", afirman en la carta dirigida a Lipponen.Como medidas concretas en ese campo, y para cimentar una "mayor colaboración entre las fuerzas policiales europeas", proponen la reunion periódica de los "principales responsables operativos de las Fuerzas de Seguridad de los Estados, para asegurar que el "valioso trabajo de inteligencia" de la Europol se use eficazmente. También proponen la creación de una "Escuela Europea de Policía".

Aznar y Blair piden que la UE de "un paso decisivo" en la lucha contra el crimen organizado. Para ello promueven la idea de que "ciertas medidas, como las resoluciones judiciales dirigidas a congelar activos bancarios, o a recabar pruebas, una vez que las emita un Tribunal de un Estado miembro deben producir efecto directo en otros Estados de la Unión Europea".

Los procedimientos de extradición deberían, en su opinión, "ser simplificados aún más y sustituidos por medidas alternativas". Y ponen el siguiente ejemplo: "Una orden de arresto de una persona que ha sido condenada en un Estado miembro por un delito grave debería ser directamente cumplida a través de la entrega inmediata de la persona a las autoridades judiciales del Estado peticionario. Por otra parte, dentro de la Unión Europea, deben ser eliminados por completo obstáculos como la no extradición de los propios nacionales, los delitos políticos o la doble incriminación".

El Consejo Extraodinario de Tampere surgió de una inicitiva presentada por José María Aznar en un Consejo informal celebrado en Poertschach (Austria) en 1998. Aznar desea impulsar la creación de un espacio judicial europeo e impedir que los nacionales de un país de la UE puedan eludir u obstaculizar los procesos de extradición como ha ocurrido en algunos casos -Portugal y Bélgica- con ciudadanos españoles, acusados de ser miembros de ETA, que intentaron evitar su entrega afirmando ser "exiliados políticos".

Aznar y Blair, que ya suscriberon en una ocasión anterior una propuesta conjunta sobre políticas de empleo, abogan, en su carta, por un "enfoque equilibrado de los asuntos de asilo e inmigración". Coinciden con un reciente documento franco-alemán en el que se pide incrementar el diálogo "con los países de origen", a fin de establecer una estrategia en común para luchar contra la pobreza y reducir así "las causas de la inmigración ilegal".

Integración plena

La "integración plena" de los inmigrantes que residen legalmente, la lucha contra las redes criminales que organizan la inmigración ilegal -"endureciendo las penas contra los implicados"-, y un "tratamiento adecuado" para los inmigrantes ilegales víctimas de la situación y que ignoran que se exponen a ser devueltos a sus países de origen", son otras de las medidas contempladas.La propuesta de Aznar y Blair concluye pidiendo la creación de una "secretaría permanente central" que coordine las peticiones judiciales entre Estados miembros y examine cualquier problema o retraso que se produzca" en ese espacio judicial europeo. Esta propuesta tiene como objetivo resolver más deprisa la cooperación entre tribunales agilizando las comisiones rogatorias.