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Málaga estrena una oficina judicial de investigación de bienes patrimoniales

Ayer se presentó en Málaga la Oficina de Investigación del Patrimonio, que nace de un acuerdo entre la Agencia Tributaria, la Dirección General de Tráfico y el Consejo General del Poder Judicial. Servirá para averiguar de qué bienes disponen los encausados sujetos a multas o embargos; el juez decano de Málaga, José Luis López Fuentes, calculó que permitirá obtener en diez minutos información que antes exigía dos meses de trabajo.

La oficina, a la que todos los juzgados dirigirán sus oficios, tiene su sede en el decanato; en ella trabajan cuatro funcionarios, que disponen de claves de acceso secretas, con el fin de asegurar la completa confidencialidad de los datos que manejan. López Fuentes señaló que la clave de este servicio está en una conexión informática entre las bases de datos de Tráfico, Hacienda y el propio Consejo, y que no se descarta añadir información de otros órganos, como el Instituto Nacional de Empleo o el Catastro. "Con esto se gana tiempo, se agiliza la justicia y se ahorra dinero, trabajo, sellos y papel", aseguró."Se podrá comprobar si el acusado puede indemnizar a la víctima y si está fingiendo insolvencia; también ayudará a fijar la cuantía de las multas", explicó López Fuentes. El único precedente andaluz de esta oficina se encuentra en Sevilla. En Andalucía Oriental funciona sólo en Málaga capital, pero se planea extenderlo lo antes posible a toda la provincia, y también a Granada, Almería y Jaén.

El juez decano hizo un balance de la situación de los juzgados en Málaga, y señaló que los más saturados son los de lo social, los de familia y los de instrucción. Los juzgados de primera instancia, de lo penal y de lo contencioso se encuentran en mejor estado. Luciano Alonso, delegado de la Junta en Málaga, señaló que, además de ampliar el número de juzgados, las prioridades del gobierno autonómico han sido modernizar la red judicial de comunicaciones, concentrar las sedes -de ahí el proyecto de la Ciudad de la Justicia- y crear un archivo central de expedientes.

A este respecto, el juez decano explicó que, dada la insalubre acumulación de expedientes en algunos juzgados de la ciudad, se había contratado a una empresa privada para que gestionase "los documentos que no están vivos", siempre, aclaró, bajo el control de funcionarios, secretarios judiciales y magistrados. Los expedientes estarán sellados "con una especie de lacre" y protegidos de cualquier intromisión.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 12 de octubre de 1999

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