Las diputaciones y el Gobierno vasco discrepan al valorar la sentencia del impuesto de sociedades

La anulación por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de las minivacaciones fiscales previstas en las nomas forales del impuesto de sociedades en Euskadi ha desatado de nuevo las iras del Gobierno vasco. El portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Jon Imaz, señaló ayer que "el proceso de judicialización permanente" del Concierto está limitando la capacidad de la sociedad vasca para generar empleo e inversión. Frente a esta posición, los tres diputados de Hacienda vascos destacaron la parte favorable de la sentencia, ya que respeta casi la integridad de la norma del impuesto de sociedades. Por otro lado, el Gobierno de La Rioja y los empresarios riojanos se felicitaron por la sentencia.

"Llueve sobre mojado. El Concierto Económico, elemento básico del consenso en nuestra sociedad, de su autogobierno e instrumento de generación de inversión y empleo, es nuevamente cuestionado por una sentencia judicial. Un consenso político y básico de este tipo no puede estar continuamente judicializado", señaló el portavoz del Ejecutivo vasco. Para Imaz se cuestionan las normas vascas porque "no tienen rango de Estado".El año 1999 ha sido negro para los incentivos fiscales vascos a la inversión. El primer golpe fue en febrero pasado, con la suspensión de parte de las ayudas concedidas a la instalación de la multinacional coreana Daewoo en Vitoria. Y los últimos, la apertura por parte de la Comisión Europea de un expediente general al sistema de ayudas vascas a la inversión y el procedimiento, pendiente de sentencia, ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre la adecuación de las ayudas al Tratado de la UE.

La sentencia conocida el lunes quedará en suspenso si es recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, y las haciendas vascas ya han anunciado el recurso porque hay empresas que se han acogido a estos incentivos. En Álava son 26 empresas, en Vizcaya 31 y en Guipúzcoa se estima una cifra similar.

Pero frente a la reacción victimista del Gobierno vasco, ayer se escucharon desde las Diputaciones forales apreciaciones sustancialmente diferentes, en el sentido de no ver ningún riesgo para la autonomía fiscal vasca en la sentencia del TSJPV, que anula las llamadas minivacaciones fiscales ligadas al impuesto vasco de sociedades.

"Soberanía fiscal"

Los diputados de Hacienda de las tres provincias vascas -los dos del PNV, Javier Urizarbarrena, de Vizcaya, y Antton Market, de Guipúzcoa, y el del PP, Juan Antonio Zárate, de Álava- coincidieron en señalar que las sentencias del TSJPV son esencialmente positivas para el reconocimiento de la capacidad normativa que se deriva del Concierto. "Las sentencias son un reconocimiento a nuestra soberanía fiscal y llegan en un momento clave. Respaldan nuestra capacidad e introducen seguridad jurídica en la actividad económica", indicó ayer Urizarbarrena.Los diputados de Hacienda estiman que el fallo dictado a raíz de la denuncia presentada por la Federación de Empresarios de La Rioja establece la nulidad de las vacaciones fiscales porque los porcentajes de la deducción fijada para los dos primeros años (un 90% y un 75%, respectivamente) son desproporcionados. Sin embargo, los diputados creen que la sentencia salvaguarda la capacidad de aprobar incentivos.

Para las tres haciendas, las minivacaciones son la anécdota, y lo fundamental es que la sentencia confirme otros aspectos más sustanciales del impuesto de sociedades vasco: la tabla de amortizaciones, el tipo de gravamen diferenciado (un 32,5%, dos puntos y medio inferior al del territorio común), los centros de dirección y coordinación y otros tipos de incentivos. Mientras el Círculo de Empresarios Vascos comparte estas tesis, la patronal vasca, Confebask, señala que la sentencia genera inseguridad jurídica a las empresas.

Por otro lado, el Gobierno de La Rioja y la federación de empresarios de la región valoraron ayer de forma positiva la sentencia del TSJPV. Para el presidente riojano, Pedro Sanz, el fallo respalda las tesis de su equipo de gobierno de que la aplicación del Concierto Económico infringe las disposiciones sobre ayudas establecidas en el Tratado de la Unión Europea, sin poner nunca en entredicho el propio Concierto. "Es una decisión que concuerda plenamente con lo que está manifestando la Comisión Europea y con lo que nosotros planteamos en nuestra denuncia con el caso Ramondín [empresa riojana líder mundial en la fabricación de cápsulas de zinc para botellas, que se trasladó de La Rioja a Álava]".

Por otro lado, Luis Felipe Rosel, presidente de la Federación de Empresarios de La Rioja (FER), que presentó el recurso, se felicitó por la decisión del tribunal y dijo que abre "una puerta de esperanza para que a partir de ahora los empresarios riojanos compitan en un plano de igualdad con sus vecinos". También Rosel extendió la felicitación al empresariado riojano por haber sabido aguantar el "canto de sirenas provenientes de la otra orilla del Ebro", en referencia a los incentivos fiscales para atraer empresas, al mismo tiempo que se lamentó por no poder cuantificar el número de ellas que en su día decidieron instalarse en los territorios forales, atendiendo a esas ventajas.