FETE-UGT llevará a Educación al juzgado por ocultación de datos

VIENE DE LA PÁGINA 1 La respuesta del consejero de Educación, Manuel Tarancón, al envite lanzado por el sindicato con representación mayoritaria en la enseñanza privada FETE-UGT -que el viernes 1 de octubre solicitó la reapertura de la comisión provincial de conciertos de Valencia para revisar caso a caso las posibles irregularidades en la concesión de conciertos a una decena de colegios de élite y vinculados al Opus Dei- ha sido un "no" rotundo.

El director de los Servicios Terroriales de Educación, Pablo Antonio Crespo, ha remitido un escrito fechado el 4 de octubre en el que precisa: "Finalizada la tarea de la comisión territorial de conciertos educativos, según recoge el acta de la sesión del 12 de octubre indicada (sic) [lo que pretende decir es 12 de febrero], se remitió copia de la misma a todos los representantes que la formaban, elevando todo lo actuado al órgano competente de la Administración educativa".

Al respecto, Gonzalo Castillo, portavoz de la federación de enseñanza de UGT, aseguró ayer a este periódico que se querellará contra la Administración por no haber sido convocados a la reunión del 12 de febrero, donde se dio luz verde a la decena de polémicos conciertos. Pero, además, negó tajantemente que el sindicato haya recibido la copia del acta de la sesión.

Denuncias en cadena

"La federación se querellará ante el juzgado por ocultación de datos y, sobre todo, de documentos que, para colmo, no se aportaron en su momento cuando se estudiaban las solicitudes de los conciertos", precisó. Castillo añadió que simultáneamente se prepara la denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de la orden de conciertos publicada el 27 de agosto en el DOGV y otra demanda ante el Tribunal Constitucional por subvencionar colegios del Opus Dei que no aplican la coeducación que garantiza la Constitución, y separan al alumnado en función del sexo.

Castillo adelantó también que además de la ocultación de datos, la Consejería de Educación ha concertado algunos colegios más sin presentar la propuesta ante la comisión de conciertos. Aparte del conocido caso de la academia que dirige Dolores García Broch, ex concejal de Unión Valenciana, el expediente de adjudicación del concierto al colegio privado Villa Fátima, de Burriana, precisamente la ciudad de la que es oriundo el consejero Tarancón, tampoco pasó por la comisión.

Para Castillo, que reclama especial atención y responsabilidad de parte de la Administración para que no se vean afectados el profesorado y el personal de administración y servicios de los centros bajo sospecha, este gesto significa que "la consejería pretende resolver el conflicto con un hecho administrativo, como es esta circular. Sin embargo, la gravedad y responsabilidad que se imputa es política". Es más, el portavoz precisa que la disolución de facto de la comisión es ilegal. "Sólo un juez tiene la base jurídica para extinguir una comisión de este tipo. De ninguna manera se puede hacer con una medida administrativa como ésta".