El fiscal afirma que el Consistorio pagaba el sueldo al gerente de la funeraria privatizada

La querella de la Fiscalía Anticorrupción contra la privatización, en 1992, de la funeraria municipal ha sacado a la luz una condición desconocida hasta la fecha de la gestión privada de este servicio público. El ministerio público afirma que el Ayuntamiento pagó desde 1993 a 1997 el 51% de los sueldos, gastos y seguridad social del gerente de la empresa privatizada (Juan Valdivia Gerada, imputado) y sus dos adjuntos. Unos gastos que ascendieron a 161 millones de pesetas. Estos directivos fueron elegidos, además, por Funespaña, la sociedad que por 100 pesetas se adjudicó el 49% de las acciones de la empresa pública. En su relato sobre la privatización, que ha derivado en una querella contra 14 personas, entre ellas seis altos cargos del PP (el consejero de Sanidad, los concejales de Salud y Patrimonio, un diputado regional y ex teniente de alcalde, y dos ex ediles), el fiscal describe cómo el Ayuntamiento, pese a permanecer como socio mayoritario, permitió que Funespaña percibiese el 65% de los beneficios. En esta línea de supuestas ventajas, Anticorrupción muestra su sorpresa por el hecho de que al tiempo que a Funespaña se le retribuía un 20% de los beneficios, antes de impuestos, exclusivamente por su gestión corporativa, "contra todo pronóstico" se hiciese recaer las retribuciones de los gestores nombrados por la propia Funespaña sobre las arcas de la empresa mixta, es decir, que un 51% de los 161 millones tuviese que ser cargado a la participación en beneficios del Ayuntamiento. Para la fiscalía, este hecho muestra el "ilimitado propósito lucrativo de la sociedad adjudicataria a costa de la participación del Ayuntamiento y, por ende, del interés y del erario público". Un hecho que se añadió, según Anticorrupción, a otros dos igualmente llamativos y que consistieron en minusvalorar el neto patrimonial de la empresa mixta, hasta permitir la transmisión por 100 pesetas de su 49%, y la oferta sobre el canon de gestión aceptada por el Ayuntamiento que sentó la base para un desplazamiento de beneficios a Funespaña por encima de su porcentaje de participación.