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Archivadas las denuncias por la carga de la policía en la UAB

El Juzgado de Instrucción número 1 de Cerdanyola ha archivado las denuncias que se cruzaron los estudiantes y la policía tras la carga ocurrida el pasado 14 de enero durante la visita del presidente del Gobierno, José María Aznar, al Centro Nacional de Microelectrónica, situado en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). La juez explica en el auto que se ha probado que policías y estudiantes se agredieron mutuamente, pero no se ha podido identificar a los autores. La violenta carga policial se saldó con 19 heridos, entre ellos 11 estudiantes y 5 agentes, y la UAB denunció los hechos ante el juez. Por un lado presentó un contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que le dio la razón y sentenció que la carga fue desproporcionada y vulneró el derecho de reunión y manifestación de los estudiantes. La universidad denunció por la vía penal la actuación policial en los juzgados de Cerdanyola. Días después, la policía denunció también la actuación de los estudiantes y los desperfectos que sufrieron sus vehículos en los enfrentamientos. Esa denuncia se añadió al procedimiento ya iniciado, al tratarse de los mismos hechos, y la juez ha archivado las dos. Ni el abogado del Estado, en representación de la policía, ni la UAB, en nombre de los estudiantes, han recurrido contra ese auto de archivo, por lo que ya es firme. Examen forense Durante la instrucción de la causa, los forenses examinaron a los estudiantes y a los policías y determinaron que, efectivamente, resultaron lesionados en los hechos. Posteriormente, la juez interrogó al policía que mandaba el contingente que cargó contra los estudiantes y a uno de los jóvenes que se enfrentó a la policía con lanzamiento de piedras, y llegó a la conclusión de que los hechos hechos eran delictivos. Sin embargo, no pudo identificar a los autores de las agresiones mutuas, por lo que archivó el caso. "Estando identificados dos estudiantes en postura de lanzar objetos, se desconoce si efectivamente los lanzaron, así como si alcanzaron a algún agente o algún vehículo", dice la juez. "Igualmente se aprecia al menos a un agente usando la fuerza frente a una persona, pero no puede identificársele, ni a la persona que recibía la fuerza", añade el auto en otro párrafo. La juez decretó el pasado 11 de junio el archivo de la causa, pero el abogado de la Universidad Autónoma, Cristóbal Martell, recurrió contra ello al considerar que la decisión no había sido razonada jurídicamente. El fiscal se adhirió a ese recurso y la juez dictó otra resolución motivada, de fecha 25 de agosto, en la que volvía a acordar el archivo. En la resolución del TSJC que dio la razón a la UAB se reclamaba a los poderes públicos "una especial moderación en la represión de actividades relacionadas con la libertad de expresión para no producir un efecto disuasorio en su ejercicio legítimo".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 4 de octubre de 1999