La oposición exige una investigación del derrumbe que obligó al desalojo de cinco edificios de Cádiz
Los vecinos de los cinco bloques desalojados el jueves por el derrumbe de los muros traseros de dos edificios, en la calle García de Sola de Cádiz, aseguraron ayer que el Ayuntamiento desoyó varias quejas sobre la aparición de grietas y la sucesión de temblores. La concejal de Urbanismo, Maribel Bueso (PP), negó haber sido alertada y responsabilizó del suceso a la constructora San José, contra la que emprendió ayer acciones judiciales. Los grupos de la oposición, que consideran cierta la versión de los vecinos, han pedido la creación de una comisión de investigación.
Los 72 vecinos afectados repitieron ayer las escenas de pesar e indignación que se registraron tras el derrumbe. "Esto se podía haber evitado si nos hubiesen hecho caso cuando nos quemos", subrayó uno de los desalojados. Otra vecina apostilló: "Desde hace un año tiemblan las paredes y, en especial, en los últimos 15 días, pero no nos han hecho ningún caso". Maribel Bueso aseguró que no recibió ninguna queja. "Es la primera vez que recibo una queja porque, hasta la fecha, no tenía conocimiento de que se hayan producido avisos vecinales sobre el mal estado de las viviendas", declaró la edil. Bueso responsabilizó de lo ocurrido a la empresa constructora: "Son los únicos responsables de este lamentable suceso porque han cortado los cimientos de los edificios derrumbados y el muro de contención no ha resistido". Los responsables de la constructora San José declinó pronunciarse sobre el derrumbe. El Ayuntamiento ordenó además ayer la inmediata paralización de las obras en los terrenos colindantes e instó a la constructora a que adopte medidas urgentes que eviten nuevos desplomes. El servicio técnico de la Delegación de Urbanismo inició también un informe que recogerá las causas del siniestro, que ha dejado al descubierto el interior de tres viviendas. Los grupos PSOE y Progresistas, IU y PA presentaron ayer una moción urgente al pleno, que fue aplazado hasta el lunes, para que se abra una comisión de investigación. "Es lamentable escuchar a los vecinos quejándose de que llevaban dos meses avisando al Ayuntamiento", dijo la portavoz socialista, María de la O Jiménez. La edil sostuvo que pueden existir responsabilidades políticas: "Queremos que se aclaren los hechos y que se depure cualquier tipo de responsabilidad. No es lógico que le echen los toros únicamente a la constructora". La mayor parte de los afectados aguardaron por la mañana en las afueras de las viviendas siniestradas, que estaban precintadas por la policía local, donde se concentraron a la espera de soluciones a sus problemas más inmediatos como asearse, cambiarse de ropa, conseguir dinero y documentación o comer. "Tengo el dinero, las tarjetas y la documentación en mi casa, a la que no me permiten subir", lamentó por la mañana uno de los vecinos desalojados. En una reunión celebrada por la tarde en el colegio Carola Ribed de la capital gaditana, a la que asistieron la alcaldesa y todos los grupos de la oposición, los vecinos fueron distribuidos por viviendas de alquiler. La alcaldesa explicó que un agente de la Policía Local y un bombero acompañará a los vecinos para que puedan sacar de sus viviendas los objetos que necesiten. Todos los gastos ocasionados por la mudanza correrán a cargo de la empresa municipal de vivienda (Procasa) que, posteriormente, remitirá las facturas a la empresa constructora.
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