Albañiles, profesores y carteles

La aplicación de la ley del catalán ha traspasado el Ebro y, en esta legislatura, ha llegado hasta el defensor del pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, que ha terciado en varios conflictos. A punto estuvo Álvarez de Miranda el año pasado de recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional, pero se retractó finalmente después de consultar con el síndic de greuges (defensor del pueblo catalán), Anton Cañellas, y de que Jordi Pujol le garantizara que la ley se aplicaría de forma gradual y consensuada. Antes de eso, Álvarez de Miranda había recibido quejas referidas a la utilización exclusiva del catalán en los rótulos informativos de algunos juzgados y a la exigencia de saber hablar y escribir este idioma para trabajar de albañil municipal en la localidad gerundense de Roses, gobernada por Convergència i Unió. Otro Ayuntamiento de Girona y asimismo gobernado por la coalición que lidera Pujol, el de Olot, planteó ese mismo requisito para acceder a una plaza de idénticas características. Sucedió una semana antes de que entrara en vigor la Ley de Política Lingüística. Recientemente, el defensor del pueblo ha tenido que tomar cartas en otro asunto que afecta al catalán. La Universidad Rovira i Virgili, con campus en Tarragona y Reus, apartó del tribunal de correcciones de la selectividad a dos profesores que cuestionaron la legalidad de que las pruebas se realizaran exclusivamente en catalán, y uno de ellos denunció que no se había facilitado a un alumno una copia en castellano, pese a haberlo éste solicitado. De todo ello, pidieron los docentes parecer a Álvarez de Miranda, quien respondió que todos los alumnos deben disponer de un ejemplar del examen en castellano, y no limitar esta opción a aquellos que "manifiesten dificultad de comprensión de los enunciados por la lengua usada", tal como establece la normativa sobre la lengua en las pruebas. La universidad mantiene abierto otro frente lingüístico. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido un recurso de Convivencia Cívica Catalana, que preside el senador del PP Aleix Vidal-Quadras, y un grupo de profesores contrarios al reglamento interno de usos lingüísticos, que exige el conocimiento del catalán en los concursos docentes.