La ONU investigará los crímenes en Timor Oriental

La Comisión de la ONU para los derechos humanos decidió ayer pedir a su secretario general, Kofi Annan, la creación de un comité que investigue los crímenes contra la humanidad cometidos en Timor Oriental. El Ejército indonesio sigue manejando allí la estrategia de la confusión. El responsable militar de Timor, el general indonesio Kiki Syahnakri, abandonó ayer Dili tras asegurar que había entregado el mando sobre la seguridad en el territorio a la fuerza de paz. Pero el jefe de las tropas de paz, el general Peter Cosgrove, desmintió que se hubiera producido ese "traspaso de poderes".

La Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reunida ayer en Ginebra en sesión extraordinaria, aprobó por 27 votos a favor, 12 en contra y 11 abstenciones, pedir el establecimiento de una comisión de investigación internacional sobre los crímenes cometidos en Timor oriental. La propuesta fue iniciativa de la Unión Europea y contó con la oposición de Indonesia y de la mayoría de los países asiáticos. Mientras, en Timor, el jefe de la fuerza de paz, el australiano Peter Cosgrove, advertía: "La situación sigue siendo insegura y es necesaria la máxima precaución". Cosgrove añadió que el Ejército indonesio no ha hecho ningún traspaso de poderes.La fuerza de paz de la ONU teme que esta nueva maniobra de Yakarta intente justificar su ausencia de responsabilidades ante una previsible oleada de violencia por parte de supuestos grupos incontrolados del Ejército indonesio y de sus brazos armados, las milicias paramilitares. Tras una reunión con el australiano Cosgrove, el general indonesio Syahnakri explicó que había transferido el control completo sobre la seguridad del territorio a las tropas de paz. Sin embargo, sus declaraciones fueron inmediatamente desmentidas por el jefe de las tropas de paz: Cosgrove negó rotundamente que se hubiera producido el traspaso de tales competencias. El general Cosgrove destacó que la fuerza multinacional ha "evitado los enfrentamientos con el Ejército indonesio", empeñado en forzar las provocaciones, y reconoció que las tropas de paz han iniciado su despliegue en la zona occidental del territorio, un área con fuerte implantación de las milicias.

Siguiendo su estrategia de destruir todo lo posible antes de salir del territorio, los soldados de Yakarta incendiaron ayer los cuarteles que acaban de abandonar y no ocultaban la venta de sus botines, producto de los saqueos generalizados durante los días posteriores al anuncio de los resultados del referéndum.

El general Syahnakri afirmó la semana pasada que 4.500 soldados permanecerían en Timor hasta que el nuevo Parlamento, que deberá constituirse el viernes, apruebe en noviembre la independencia de la excolonia lusa. Ayer, sin embargo, dijo que serían 1.500 los soldados. Para sembrar aún más la confusión, el jefe de la policía en Timor Oriental, el general Sitorus, afirmó que seguirán bajo control de Yakarta la seguridad del palacio del gobernador, las instalaciones indonesias y la administración civil y militar del territorio.

La secretaria de Estado norteamericana, Madeleine Albright, amenazó ayer en Nueva York con endurecer sus relaciones con Yakarta si las autoridades no acaban con la violencia organizada entre el Ejército y las milicias prointegracionistas, son desarmados los grupos paramilitares y se permite la entrada de ayuda humanitaria, de forma prioritaria, a los refugiados en Timor Occidental.

Tras reunirse con el líder de la resistencia timorense, Xanana Gusmão, y con el premio Nobel de la Paz José Ramos-Horta, Albright expresó al ministro de Asuntos Exteriores indonesio, Ali Alatas, su preocupación por las informaciones procedentes de Timor. Durante una reunión con ministros de Asuntos Exteriores de Asia que asisten a la 54º Asamblea General de Naciones Unidas, la secretaria de Estado dijo sentirse preocupada tras saber de las continuas amenazas que los líderes de las milicias pro indonesias han vertido contra la fuerza de paz y los refugiados que se encuentran en la zona occidental de la isla, donde se calcula que han huido entre 100.000 y 200.000 timorenses.