La revista "Canelobre" entra en crisis tras dimitir el equipo directivo El PP suprimió el consejo de redacción

La decisión del equipo de gobierno de la Diputación de Alicante, del PP, de suprimir el consejo de redacción de la revista Canelobre, ha desatado una crisis que pone en peligro la continuidad de esta prestigiosa publicación del Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. El director y el subdirector de la revista, Miguel Ángel Lozano y Celso Serrano, respectivamente, han dimitido de sus cargos.

La semana pasada, el director del Instituto Juan Gil-Albert, dependiente de la Diputación, anunció la disolución, "por falta de operatividad", del consejo de redacción de la revista Canelobre. Integrado por una docena de profesores de distintos ámbitos e ideologías, el órgano se encargaba de coordinar los temas en los que literatos y colaboradores, con respeto a la pluralidad, profundizaban en las páginas de la revista. Miguel Valor, diputado de Cultura y, por tanto, máximo responsable político del Gil-Albert, sentenció ese consejo asesor, con la excusa de una supuesta inoperancia, y anunció que se volvería a consultar a los expertos "cuando haga falta". La medida no estuvo exenta de polémica. PSPV y Bloc, partidos que integran la oposición al PP de la Diputación, reaccionaron con estupor al cese del consejo de redacción, y acusaron al presidente de la institución provincial, Julio de España, de maquinar para "controlar personal e ideológicamente" la revista y el propio Instituto, que dirige el profesor Adrián Espí. La maniobra del PP sorprendió tanto a la oposición como al equipo directivo de Canelobre, que se enteró por los periódicos del cese de sus compañeros. El director y el subdirector de la revista, Miguel Ángel Lozano y Celso Serrano, respectivamente, han renunciado a sus cargos, lo que deja sin timón a uno de los mayores referentes culturales y de debate de Alicante, al menos hasta que Julio de España, Miguel Valor y Adrián Espí nombren a una nueva dirección. Entre las novedades introducidas por el PP en materia cultural, figura también la decisión de poner en manos de una comisión política el reparto de ayudas a la investigación, que antes concedía el Instituto Gil-Albert.