El PP se quedó solo al votar la norma para aplicar la ley procesal civil

El Gobierno cosechó ayer una severa derrota parlamentaria al no conseguir que el pleno del Congreso aprobase la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, clave para poder aplicar aspectos sustanciales de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el proyecto estrella de la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, para esta legislatura. La Ley de Enjuiciamiento Civil salió adelante en el Congreso, pero el rechazo a la Ley del Poder Judicial deja en entredicho la reforma de la justicia civil que perseguía el Ejecutivo del Partido Popular.

El PP se quedó solo con sus 154diputados en una votación en la que necesitaba la mayoría absoluta de la Cámara por tratarse de la reforma de una ley orgánica. CiU, socio parlamentario del Gobierno, decidió abstenerse, actitud que también mantuvieron IU y Coalición Canaria, mientras que votaban en contra socialistas, nacionalistas vascos, nacionalistas gallegos, Eusko Alkartasuna y Nueva Izquierda. El proyecto para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial fue devuelto a la Comisión de Justicia para que elabore un nuevo dictamen en el plazo de un mes. No se descarta que tras las elecciones catalanas -convocadas para el 17 de octubre- el Gobierno pueda llegar a un entendimiento con CiU y lograr apoyo para un nuevo texto. La Ley de Enjuiciamiento Civil ha pasado a tramitación en el Senado, donde el PP dispone de holgada mayoría, pero su futura aplicación resulta compleja ya que precisa de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, paralizada ayer. La Ley de Enjuiciamiento Civil regula la mayor parte de los litigios judiciales en los que se ven envueltos los ciudadanos, desde las reclamaciones de los consumidores a los divorcios, pasando por todos los relacionados con el cobro de deudas.