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El desalojo de dos casetas en la Cañada Real desata una batalla campal con seis heridos

Alrededor de 200 personas, armadas con palos y piedras, evitaron ayer que los funcionarios municipales de Gerencia de Urbanismo echaran abajo dos casas bajas ilegales situadas en la Cañada Real (Vallecas Villa). Los funcionarios llamaron a los antidisturbios, pero los vecinos no se arredraron. Al final se desató una batalla campal: cuatro de los agentes resultaron heridos leves, uno recibió un palo en la cabeza. Dos de los vecinos también tuvieron que ser atendidos de distintos golpes. Las casetas permanecían en pie ayer. El Ayuntamiento asegura que las derribará.

Algunos de los residentes de la Cañada Real que ayer participaron en la refriega resumieron así el resultado de la batalla: "Les hemos vencido y, como vuelvan, les vamos a matar". En la Cañada Real, la vía utilizada durante centenares de años por los pastores trashumantes, se han levantado de forma ilegal hasta 700 viviendas en los últimos años. Actualmente, esa ruta no la emplean ovejas, sino los cientos de camiones de basura que diariamente acuden al cercano vertedero de Valdemingómez para arrojar los desperdicios recogidos en la ciudad. Obtener licencia para construir en la vía pecuaria es imposible porque el suelo está protegido por la Consejería de Medio Ambiente.Sin embargo, hay familias que viven en la Cañada Real desde hace 20 años. Algunos incluso han conseguido edificar chalés con piscina.

Desde 1995, la población de la Cañada Real se ha multiplicado y las viviendas se han ido extendiendo. De ahí la reacción municipal contra esta colonización ilegal de unos terrenos protegidos, según explicó ayer el gerente de Urbanismo, Luis Armada.

Los enfrentamientos por el desalojo frustrado empezaron a las diez de la mañana. Dos funcionarios de la Gerencia de Urbanismo, en una operación "rutinaria", según el gerente, se dirigieron a la Cañada Real para desalojar a dos familias de sus viviendas ilegales y, posteriormente, derribar las casas bajas de ladrillo. Les acompañaban seis policías municipales. Alrededor de 200 vecinos esperaban en pie de guerra. Por ley, el Ayuntamiento debe notificar por escrito y de antemano el día y la hora en que se va a proceder al desalojo, así que los residentes estaban advertidos.

En cuanto los funcionarios se dirigieron a la primera de las casas, comenzó la lluvia de piedras y ladrillos y los gritos e insultos.

Los vecinos cruzaron un coche en la carretera de Valdemingómez y le prendieron fuego, para así cortar el tráfico. Los funcionarios y los policías municipales llamaron a la Jefatura Superior de Policía, que envió a la zona a agentes antidisturbios de la Unidad de Intervención Policial (UIP).

La batalla campal entre vecinos y policías continuó. Los agentes dispararon pelotas de goma y cargaron, porra en mano, contra los residentes. Llegaron bomberos a apagar el fuego del vehículo atravesado en medio de la calle, pero también fueron recibidos con palos y piedras. Al final, cuatro agentes resultaron heridos de carácter leve; uno de ellos recibió un palo en la cabeza que le propinó un vecino, el cual fue detenido. Otros dos vecinos, un padre y su hijo, resultaron también contusionados por dos porrazos Al final, los funcionarios decidieron olvidarse del derribo de las casas bajas. El gerente de Urbanismo, con todo, aseguró ayer que el Ayuntamiento seguirá con el proceso: "Es lo legal, debemos hacer lo que nos dice el juez, y el juez nos dice que derribemos esas casas porque son ilegales".

Hasta un millón

Algunos de los residentes explicaron ayer por la tarde que han pagado hasta un millón de pesetas por una casa baja edificada en un terreno público, que no se puede vender ni comprar. Entre los últimos en llegar a la Cañada Real se cuentan muchos inmigrantes marroquíes que no poseen ningún tipo de documento que acredite que han pagado por esa parcela. Algunos se sentían estafados ayer. Muchas de las viviendas de la Cañada Real, edificadas en los últimos cuatro años, carecen hasta de retrete. "No sabíamos que esto era terreno público", explicaba uno de los inmigrantes. El dueño de la casa que Gerencia de Urbanismo iba a derribar es padre de dos hijos pequeños. "Pedí al Ayuntamiento que me dieran otro piso, que me realojaran, pero me dijeron que no; por eso nos hemos resistido a esta injusticia", dijo el propietario.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 24 de septiembre de 1999

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