CC OO exige que las subcontratas tengan un 30% de personal fijo

La Federación de Construcción de CC OO ha convocado una manifestación para el próximo viernes, día 24, en Madrid para demandar al Congreso de los Diputados la legislación necesaria para regular la subcontratación en el sector de la construcción. Para ello, han presentado una iniciativa popular avalada por 500.000 firmas, según anunció ayer el secretario general de dicha federación, Fernando Serrano. Para CC OO, la precariedad laboral y los accidentes laborales que existen en la actualidad en el sector de la construcción se deben en gran parte al vacío legal de las relaciones de subcontratación de obras.Según datos del sindicato, de las 121.644 empresas de construcción que existían en España a finales de 1998, el 94,8% contaba con plantillas de menos de 25 trabajadores. Asimismo, de los 1,2 millones de españoles que trabajan en la construcción, el 70% lo hace de forma temporal. De éstos, a su vez, un 16% son autónomos "sin regular correctamente". Además, CC OO considera que la subcontratación ha provocado la aparición de pequeñas empresas sin la organización y estructuración necesarias para dar cierta calidad a la construcción, así como para formar a sus trabajadores en materia de riesgos laborales.

Así, el objetivo de la ley sería, según Serrano, definir el papel de la subcontratación y de la unidad de obra, y crear un registro de empresas subcontratistas para poder exigir a éstas unos determinados requisitos así como un control de su cumplimiento.

Entre los requisitos propuestos por el sindicato, destaca la exigencia a la subcontratista de que un 30% de su plantilla sea fija para poder optar tanto a contratos con la Administración. Además, la empresa deberá carecer de obligaciones pendientes de carácter fiscal o con la Seguridad Social. La propuesta legislativa contiene también sanciones en caso de imcumplimiento de estos requisitos, que oscilan entre las 5.000 pesteas y los 50 millones. En caso de infracción muy grave, la sacción iría acompañada de prohibiciones de subcontratar en un plazo de hasta diez años.