LA CAMPAÑA DEL PP La revolución silenciosa

Anunciaba Michel Albert, hace ya algunos años, que la lucha por el talismán del centro político habría de incluir estrategias silenciosas y peligrosas danzas en torno a esa raya imaginaria que separa la izquierda de la derecha, pero que, aún así, y más allá de sofismas y demagogias electorales, la izquierda y la derecha eran las depositarias históricas de "dos sistemas de valores sustancialmente opuestos", de "dos lógicas antagónicas" que sólo una miopía tan severa como la de Rompetechos se manifestaría, en la práctica, incapaz de observar. Y traigo esto a colación porque el centro teórico de Aznar, que, como todos sabemos, está situado muy a la derecha de la raya, pretende ahora hacer en Andalucía nada menos que una revolución. Más precisamente, y tal como reza el eslogan de su campaña publicitaria, "la revolución que Andalucía necesita", lo que me ha hecho recordar que el jefe del Ejecutivo alardeaba el año pasado, en un pleno del Congreso, de que la llegada de los populares al Gobierno de nuestro país había supuesto nada menos que el inicio de una "revolución silenciosa". Las sensibilidades que, como la mía, se han colocado temprana y espontáneamente del lado izquierdo, tienden a pensar que sólo desde los románticos postulados de la igualdad y la solidaridad es posible hacer una revolución. Pero revolución -del latín revolutio, giro- significa girar (eventualmente de una forma radical), y girar, como todos sabemos, se puede girar hacia ambos lados. Del giro a la derecha, por ejemplo, nos queda la experiencia del thatcherismo, que ha pasado a la historia con más pena que gloria por haber hecho en el Reino Unido la revolución conservadora, uno de cuyos adagios más felices era que la sociedad no existe. De modo que, una vez establecido que hay revoluciones de toda índole, y a propósito de la política del Ejecutivo, tengo que reconocer que ha hecho, efectivamente la revolución. Y que, efectivamente, su revolución, conservadora y silenciosa, se ha ido haciendo en un silencio tan cautelar como inevitable, porque, a efectos electorales, ni sus orígenes, ni sus procedimientos, ni sus designios, eran cosa que se pudiera pregonar. Desde su llegada al Gobierno, el Ejecutivo popular ha venido soltando el lastre de las responsabilidades sociales a medida que, en el seno de una fase alcista del ciclo, el globo del crecimiento económico se iba hinchando más. Siendo el crecimiento económico al desarrollo social lo que los árboles al bosque, tal como, con algunas dioptrías menos que Rompetechos, y desde la sensibilidad de la izquierda, tendremos la oportunidad de observar. El paquete de medidas aplicadas por el Ejecutivo en lo que va de legislatura ha sido simple y uno de sus mentores más acreditados los resumía bien hace unas semanas en su artículo editorial: "El tándem Aznar-Rato se la jugó en 1996 cuando cerró el grifo del Presupuesto, congelando inversiones y sueldos de funcionarios mientras abría casi a tope el de las privatizaciones, liberalizaciones y desregulaciones". Y añade: "Fue el impulso que todos celebramos y disfrutamos ya como el círculo virtuoso de nuestra economía, afianzado y robustecido por la reforma fiscal aprobada el año pasado". Impecable resumen de la política económica aznarista. Menos mal que Pedro J. Ramírez no tiene ningún inconveniente en ponerle voz, por la corta y sin rebozo, a la "revolución silenciosa" del Gobierno popular. Cualquiera de los puntos a que aludía Pedro J. sería igualmente válido como campo de pruebas, pero, por razones de espacio, me referiré únicamente a los más significativos. Desde el año 1996, efectivamente, las inversiones del Estado en Andalucía no sólo se han congelado, sino que se han reducido en un 14% desde los 133.000 millones de los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados y ejecutados por el Gobierno socialista hasta los 114.500 de los PGE para el año actual. Nada que pueda extrañarnos de una política económica que, en su giro a la derecha, ha dado la espalda a ciertas comunidades autónomas, mientras que, en aras de sus intereses partidistas, les hacía un guiño a ciertas otras, comprometiendo sin sonrojo la cohesión interterritorial. De verdaderamente revolucionario, en este contexto, cabe calificar su modelo de financiación autonómica, un modelo fallido e insolidario que ha venido a confirmar el adagio de la Thatcher, porque para el Ejecutivo, sigue habiendo 463.000 andaluces que no existen, y que, por lo tanto, no forman parte de la sociedad. En cuanto a la "revolución silenciosa" del sistema fiscal, resulta hilarante, si no patético, recordar la cuña publicitaria donde se le decía al contribuyente en un susurro muy bajo, casi sensual: "Mira lo que ganas". Lo que gana el contribuyente medio con una fiscalidad regresiva, magnánima por arriba y cicatera por abajo, como suele suceder a la derecha de la raya, para qué vamos a engañarnos, es fácil de desentrañar. Pongamos como muestra un ominoso botón: un contribuyente que genera una plusvalía de 1.000 millones de pesetas soporta un tipo de gravamen del 20% (entre un 27,8% y un 56%, dependiendo de su base liquidable regular, en el sistema anterior), exactamente el mismo que soporta un contribuyente cuya base liquidable proveniente de rendimientos del trabajo es de 900.000 pesetas (que serían casi 3.000.000 de pesetas de base liquidable según la normativa anterior). Abundando en ello, se ha concedido un trato fiscal favorable a las rentas de capital frente a las rentas del trabajo, de tal manera que la recaudación del IRPF ha caído un 0,4% en los siete primeros meses del año, mientras que la recaudación obtenida por retenciones aplicadas al capital ha caído un 22,1%. Perfeccionándose en su virtud, el Gobierno ha balanceado la carga tributaria, que siempre había pivotado sobre los impuestos directos, sobre los impuestos indirectos, cuya equidad es de suyo más limitada porque no incide de forma directa en la capacidad económica del contribuyente. Los PGE del año en curso ostentan, de hecho, la virtuosa condición de ser los primeros en los que los ingresos por impuestos indirectos han superado a los obtenidos por impuestos directos, y, entre enero y julio, la recaudación por IVA había aumentado ya un 15,9% mientras que la recaudación por IRPF se desplomaba. Con respecto a la revolución privatizadora (que la silenciosa retórica popular prefiere calificar eufemísticamente de "apertura del capital"), el Gobierno popular, efectivamente, ha ido poniendo el sector público en manos de oligopolios privados, que, al no encontrar competencia en los mercados (no en vano se trata de oligopolios), no han supuesto una verdadera liberalización, mientras, por el contrario, han desencadenado una subida inédita en los precios de servicios tan básicos como la calefacción, el alumbrado y la distribución de agua (un 5,7% de subida interanual), en los productos energéticos (un 8,9%) y en los carburantes y combustibles (un 13,5%, es decir, prácticamente seis veces más que el aumento del IPC general). Entretanto, ni se han producido mejoras en los servicios ni en el sector empresarial ni en el funcionamiento económico, y seguimos preguntándonos por la enigmática y silenciosa suerte que ha corrido el dinero que ha entrado en las arcas del Estado. Lo que sí se sabe es que el dinero ha pasado del sector público a las manos de unos cuantos elegidos. Sangrante es el caso del billón de subvención a las eléctricas (regalo cuestionado por la propia CE), pero donde la arbitrariedad más se pasa de la raya es en el caso de Telefónica, que, en vez de destinar sus inversiones a mejorar el servicio al ciudadano, ha iniciado su expansión hacia los medios de comunicación, de tal manera que ya no sólo se trata de hacer la revolución en silencio, sino de acallar la crítica y, en definitiva, de imponer silencio a los demás. Una práctica que, a la derecha de la raya, suele ser habitual. El resultado es que, siendo España el país más inflacionario de la UEM, el Gobierno no ha tenido más remedio que revisar al alza, en más de un 33%, sus objetivos de inflación. La conclusión es obvia. Más allá de la retórica del centro y del crecimiento económico, la revolución silenciosa de los populares ha ahondado la sima de las desigualdades, la desigualdad social y la desigualdad territorial. Revoluciones como ésta corren el peligro de ir reduciendo a las cenizas de una retórica vacía uno de los sueños más hermosos que ha hecho realidad el siglo XX: un Estado de Bienestar de todos y para todos. Y corren el peligro, en definitiva, de despojar la cultura de la democracia de todo contenido social. ¿Revolución? No, gracias.

Magdalena Álvarez Arza es consejera de Economía de la Junta de Andalucía.