Ideas concretas para la paz

Se cumple ahora un año de la tregua unilateralmente declarada por ETA y el consiguiente relanzamiento del proceso de paz. Durante estos 12 meses han abundado las lógicas cautelas y los inútiles desplantes y superabundado las palabras hueras, ya de exigencia, ya de impugnación, tanto como los estériles silencios. Lo que por doquier han escaseado han sido las ideas concretas y operativas, útiles no para herir al adversario, sino para construir en beneficio común. Por eso creemos conveniente enunciar unas cuantas con el propósito de contribuir a un proceso que, en palabras recientes del lehendakari Ibarretxe, ni puede dejar las cosas como están ni tiene por qué abocar a la independiencia de Euskal Herria. Primero y ante todo es preciso apoyar el proceso de paz y distender los ánimos mediante el acercamiento de los presos. Por ello debe aplaudirse sin reservas la reciente iniciativa del Gobierno en este sentido. Sí es de lamentar se haya decidido 10 meses después de la resolución unánime adoptada en pro del acercamiento por el Congreso de los Diputados y, en consecuencia, al hilo, no de la voluntad política de la representación popular, sino de la presión de circunstancias de las que siempre se dice querer prescindir, la medida adoptada puede y debe ser positiva. Claro está, siempre que se extienda a mayor número de presos -ahora no rebasa el 25%- y suponga un acercamiento -afectiva y prácticamente- real a las familias de los detenidos.Una nueva política, mera aplicación del espíritu del artículo 12 de la Ley General Penitenciaria, no es pagar un precio político por la paz, es hacer política en pro de la paz, que será tanto más eficaz cuanto más audaz y rápida sea y que, a la inversa, puede embotarse si, una vez adoptada dicha línea de acción, se aplica de manera tan prudente que resulte cicatera. Una medida positiva no debe envolverse en retórica negativa.

Segundo, el acuerdo de Ajuria Enea, al que tantas veces se hace referencia, afirma en su punto 10: "Apoyamos el proceso de diálogo entre los poderes públicos competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular". Hace un año se declaró por ETA una tregua indefinida empañada pero, felizmente, no rota por la violencia callejera. ¿Es realista esperar que la tregua indefinida sea declarada formalmente definitiva? No lo creemos. Los hechos en pro de la paz son cien veces más elocuentes que las palabras. Y los hechos permiten y, a la vez, exigen hablar con todos y de todo, remitiendo, siempre, la última decisión política a la voluntad del pueblo vasco, principio democrático al que, retórica aparte, también reenvía la Declaración de Estella.

Tercero, hay cuestiones en apariencia espinosas en extremo, pero que más vale abordar posibilistamente que recluirlas en el "todo o nada" de los dogmatismos. Así, por ejemplo, el abertzalismo ha sustituido el principio de integridad territorial de Euskal Herria por el de "territorialidad". Hace pocos meses, incluso Eusko Herritarrok hablaba de una "Navarra soberana" dentro del marco político vasco y de coordinación entre las Diputaciones. En lo que a España se refiere, eso puede conseguirse a través del organismo permanente de colaboración entre Navarra y Euskadi, que cuenta con expreso apoyo en el Estatuto de Guernica (artículo 22.2) y en la Ley Orgánica de Reforma y Amejoramiento del Fuero de Navarra (artículo 70.7), elementos ambos de nuestro bloque de constitucionalidad.

Respecto de la presencia en instancias comunitarias, ¿por qué no ensayar, por de pronto, la fórmula de los länder alemanes? El poder exterior del Estado puede ser único, pero es lógico que lo ejerza en el exterior -¿es Europa exterior?- quien tiene en el interior atribuidas competencias sobre las materias en cuestión.

En cuanto Iparralde, la integración ni es posible en un futuro previsible ni pende del Estado Español ni, en consecuencia, tiene por qué ser éste quien se encargue de negarla. Pero las relaciones transfronterizas permiten hacer muchas cosas, algunas de ellas ya en marcha y que el común buen sentido exigiría elevar de categoría. Europa ofrece numerosos ejemplos a tomar en cuenta -acuerdos ítalo-austriacos sobre el Alto Adigio; colaboración cultural de Flandes y los Países Bajos; acuerdo revisado recientemente entre Suecia y Finlandia sobre los suecos y la cultura sueca en este país, entre otros muchos-, Francia ha firmado ¡finalmente! la Carta de las lenguas minoritarias y, por lo tanto, del euskera y el tiempo trabaja a favor del "departamento vasco". ¿No es hora de transformar las ya inexistentes fronteras de antaño en zonas no sólo de buena, sino de espacialmente buena vecindad?

Cuarto y último. Más allá de la violencia, ya en vías de erradicación, hay un tema político pendiente. Si aquélla ha impedido, hasta ahora, abordarlo, mientras éste no se resuelva no se desactivará definitivamente aquélla. Lo decía Pi i Margall ante la euforia antiforalista del canovismo: quedarán las brasas. Y éstas son que, desdichadamente, más de la mitad de los vascos no votaron en 1978 la Constitución y un sector importante de la población vasca se mantiene al margen. El sentimiento constitucional, la verdadera lealtad constitucional, exige hacer cuanto se pueda por conseguir que todas las fuerzas políticas vascas se "enganchen" al bloque de constitucionalidad. Y eso hay que hacerlo no reabriendo un periodo constituyente, pero sí reviviendo el espíritu constituyente de imaginación, generosidad, transacción y consenso. Sin aferrarse a las palabras, sino atreviéndose a escribir palabras nuevas.

Felizmente, la Constitución y el Estatuto dan cauce para ello porque se trata de normas flexibles -se pueden modificar de acuerdo con sus propias cláusulas de reforma, aunque no lo creemos necesario en el caso de la Constitución- y, más aún, abiertas -al remitirse ambas a unos Derechos Históricos que legitimarían una situación constitucional especialísima y pactada, como ya ocurre en Navarra, sin que nadie se escandalice-. La autonomía vasca es fruto de un pacto político que trasluce la propia letra del Estatuto, y así lo ha reconocido la doctrina más aséptica. La revisión del Estatuto, de acuerdo con sus propias previsiones, abriría, así, la vía al pacto político y quien pacta se autodetermina.

Estas ideas son, sin duda, muy discutibles y mejorables, aunque no más que cualquier otra. ¡Ojalá un grupo de expertos desbrozara el terreno para las opciones de los políticos con muchas más sugerencias y fórmulas, por ejemplo, a la hora de completar y desarrollar el Estatuto! Lo único que no cabe oponerles es la ensoñación de la utopía o la somnolencia de la inacción.

Miguel Herrero de Miñón es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y Ernest Lluch es catedrático de la Universidad de Barcelona.