La esquiva herencia de don Carlos

Vecinos de un pueblo de Granada reclaman a la Iglesia los 1.200 millones que les dejó un terrateniente.

Tocón, una pedanía de 1.053 habitantes situada en los Montes Orientales de Granada, reclama a la Iglesia la devolución de una herencia valorada en 1.200 millones de pesetas. Pero a lo sumo, la fundación eclesiástica constituida en 1990 para administrar los bienes que legó al pueblo el terrateniente Carlos Arévalo y su esposa, muertos sin descendencia, está dispuesta a convertir la casona donde vivió el matrimonio en un centro para jubilados.De la convocatoria de becas para estudios eclesiásticos y civiles, y de las restantes disposiciones recogidas en el testamento en favor de los residentes en Tocón, los administradores de la fortuna del latifundista no quieren saber nada.

Carlos Arévalo, "que profesa la religión católica, apostólica y romana en cuyo seno ha vivido, vive y espera perseverar y morir", ordenó en su testamento, firmado en 1961 y modificado antes de su fallecimiento, en 1967, que su fortuna sirviera para impartir enseñanza primaria gratuita, para dotar becas de estudios religiosos y civiles, y para crear un centro de asistencia de ancianos.

Poco o nada se ha cumplido. ¿Dónde ha ido a parar la fortuna de quien fuera propietario del 95% de las tierras de Tocón? Según la asociación Casa Grande, constituida por vecinos de la pedanía para reclamar la herencia, la fundación sólo posee unas pocas hectáreas, de las 300 que constituían la propiedad. Son las tierras donde aún viven los colonos que trabajaban en la hacienda de "don Carlos". La mayor parte de la propiedad ha sido vendida por los eclesiásticos en los últimos cinco años a un único constructor, Isidro Moleón, que pagó 105 millones de pesetas aunque el valor registral asciende a unos 297.

La asociación Casa Grandes, que preside Ángel Trigueros, sospecha que el constructor tampoco depositó esa cantidad, sino que como pago de las fincas construyó varios templos. La casa de Arévalo en Granada también fue vendida en 1993 a cambio de 23 millones de pesetas y el mobiliario malbaratado.

¿Para qué ha servido la herencia de Carlos Arévalo? En 1990, tres años después de la muerte de su esposa, se constituyó la fundación encargada de cumplir sus deseos. El arzobispo de Granada, el ecónomo del Arzobispado y el párroco de Tocón fueron designados para los puestos de relevancia. Los estatutos originales recogieron una disposición del testador para que dos labradores del pueblo, entre los "afectos" a su causa, formaran parte de ella.

Sin embargo, en 1993 los estatutos de la Fundación San Carlos y Santa Margarita fueron modificados, borradas las alusiones a los labradores y todos los cargos asumidos por la Iglesia. Y algo más importante: aunque se mantuvieron los fines que apuntó el fundador se añadió otro, las ayudas al sagrado apostolado. Este concepto, de hecho, abrió la posibilidad de construir templos a cambio de la venta de las fincas. Además toda la propiedad, desde ese momento, pasó a tener la consideración de bienes afectos a la Iglesia y, por tanto, regidos por el derecho canónico.

Pese a que no constaba entre los benefactores, la fundación decidió beneficiar a la Guardia Civil y le cedió por 30 años un solar para instalar su cuartel. Por contra, las becas no han sido convocadas nunca y ha sido después de una amenaza de huelga general, anunciada por el alcalde pedáneo de Tocón, el pasado mes de junio, cuando la Iglesia decidió acometer la construcción de la residencia de ancianos. "No están construyendo la residencia, sino un centro para acoger sólo durante el día a los jubilados. Es muy diferente", señala Ángel Trigueros. La Iglesia mantiene un completo silencio, aunque después del amago de huelga envió una carta al Ayuntamiento de Íllora anunciando su disposición a construir una "casa para la tercera edad" en la vieja residencia de los Arévalo, conocida como la Casa Grande, y a acoger a los ancianos en "fase terminal" en una residencia "que el Arzobispado pondrá en funcionamiento" en Loja.

Según el proyecto de obras presentado hace dos meses, la residencia costará 105 millones, cinco menos que en otro enviado al Ayuntamiento con anterioridad.

Y aquí acaban, al parecer, los beneficios para el pueblo de la herencia de 1.200 millones de pesetas de don Carlos.

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