Pujol y el presidente del Supremo discrepan abiertamente por las competencias judiciales

El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, reclamó ayer la necesidad de "construir en los próximos años una justicia catalana y de calidad" y propuso, como primer paso, un aumento en todos los ámbitos de las competencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Sus palabras encontraron inmediata respuesta en Javier Delgado, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, quien recordó los límites de la Constitución y advirtió de que esa descentralización judicial que reclama Pujol podría ser una "fuente de problemas".

Las opiniones de Jordi Pujol y Javier Delgado fueron expuestas en un acto institucional celebrado en el Palacio de Justicia de Barcelona para conmemorar los 10 años de creación del TSJC. En los parlamentos oficiales quedó clara la discrepancia de criterios sobre hacia dónde debe ir la tan reclamada reforma de la justicia. Por una parte, Jordi Pujol; el presidente del Parlament, Joan Reventós, y Guillem Vidal, presidente del TSJC, reclamaron, cada uno a su manera, más poder judicial. Por otra, el presidente del Tribunal Supremo, Javier Delgado, explicó que el poder judicial es único e indivisible, como prevé la Constitución y que las competencias en materia de justicia están ya repartidas entre el ministerio, la Generalitat y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Eso puede provocar, según dijo, una "fuente de problemas" que definió como "posible, pero no deseable". Por eso, ofreció un foro de encuentro para "mejorar" las competencias actuales, aunque siempre dentro de las previsiones del Libro Blanco de la justicia. El marco que allí se recoge alude únicamente a la posibilidad de descentralizar el órgano de gobierno de los jueces, pero no prevé aumentar las competencias judiciales de los tribunales superiores de cada comunidad. Durante su intervención, Pujol no tuvo reparos en afirmar que en 1989 el recién creado TSJC "no era un tribunal de Cataluña", pero precisó que una década después no puede decirse lo mismo. "Ahora no es una institución ajena y ha respondido a los retos que se le planteaban", explicó. Por eso, dijo, ahora conviene fortalecerlo "con un modelo más acorde con la realidad". Ese modelo, según Pujol, comporta que el TSJC asuma competencias en derecho civil y penal que ahora corrresponden al Tribunal Supremo. Sin embargo, el actual estatuto catalán impide de forma expresa que el TSJC tenga competencias penales. El Tribunal de Casación Pujol expuso como referente la experiencia en derecho comparado que existe en Cataluña y el precedente del Tribunal de Casación, que funcionó durante cuatro años en la Segunda República. Aquel tribunal fue la última instancia en derecho civil catalán y contencioso administrativo, pero no en derecho penal, porque las Cortes rebajaron las atribuciones que preveía el Estatuto de Núria. Sin embargo, los magistrados del Tribunal del Casación los nombraba el Parlament, que actualmente sólo nombra a la mitad de los jueces del TSJC. El resto, incluido su presidente, los designa el Consejo General del Poder Judicial. En este sentido, Pujol también aprovechó su discurso para reclamar una vez más la intervención de las autonomías en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional, una competencia que ahora corresponde a las Cortes. Por su parte, Guillem Vidal, afirmó que es necesario "un gran pacto de Estado que no se puede hacer esperar" para reformar la justicia de manera "seria y global". En su opinión, la justicia "carece absolutamente de credibilidad social y una institución democrática, en un Estado de derecho, no puede estar constantemente bajo un análisis crítico de los ciudadanos". Vidal dejó de utilizar el catalán en su discurso para dirigirse a Javier Delgado y plantearle que, 10 años después de la creación de los tribunales superiores, "cabe una reflexión sobre su lugar en el organigrama judicial y su lugar en el organigrama político del Estado". Al acto de ayer asistieron también, entre otros, el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena; la consejera de Justicia, Núria de Gispert, y la delegada del Gobierno en Cataluña, Julia García- Valdecasas. El presidente del Parlament, Joan Reventós, también tomó la palabra para reclamar una reforma de la justicia que incluya, entre otras medidas, la puesta en marcha de la justicia municipal.