Prodi, 2005

El amplio margen con el que la nueva Comisión ha superado la investidura del Parlamento Europeo permitirá por fin al Ejecutivo comunitario echar a andar con relativa soltura bajo la batuta de Romano Prodi. Il professore, ex primer ministro italiano, ha demostrado en el proceso habilidad táctica. Tiene aún que hacer ver su profundidad estratégica, pues la va a necesitar de aquí al final de este mandato, en el 2005. Prodi y las 5 mujeres y 14 hombres que le acompañan en esta aventura tienen una ingente labor ante sí. Para empezar, deben recuperar la autoridad y credibilidad institucional de la Comisión, tras la crisis abierta por el anterior colegio que presidiera Jacques Santer. Si logra dejar de tener un ojo siempre dirigido a la política interna italiana, Prodi tiene la oportunidad de suplir esa carencia de liderazgo que actualmente se da en la Unión Europea, y convertirse en el referente de un proceso de integración que en los próximos años ha de afrontar una ampliación sin precedentes y la consiguiente reforma de la UE, el paso al euro físico y la desaparición de las monedas nacionales, el desarrollo de una política económica que acompañe a la monetaria, el asentamiento de la Unión en el mundo y la negociación comercial global en la Ronda del Milenio. A este respecto, las comparecencias de Prodi y los comisarios designados suponen un avance en el proceso democrático europeo, pero poco han aportado para esclarecer cuáles son las intenciones de esta variopinta Comisión.

La investidura ha puesto de relieve elementos preocupantes. Entre los que han votado en contra se encuentran socialcristianos bávaros y conservadores británicos, hoy por hoy los más críticos con la integración europea, pese a su adscripción al Partido Popular Europeo (PPE), el grupo más numeroso de la Cámara. Cuando representaba a la Democracia Cristiana, era uno de los pilares, junto a la socialdemocracia y los minoritarios liberales, de la construcción europea. Hoy, el PPE es un batiburrillo incoherente.

La Comisión ha salido de este proceso de ratificación parcialmente hipotecada frente al Parlamento Europeo, aunque Prodi prefiriera enfocarlo ayer como una situación de dependencia mutua, y hable a su favor el intento de recuperar para la Comisión un carácter más supranacional, menos dependiente de los Gobiernos. Para lograr que los eurodiputados aceptaran la controvertida presencia entre los nuevos comisarios de la popular española Loyola de Palacio, afectada por el escándalo del lino, y del socialista belga Philippe Busquin, criticado por su supuesta vinculación a casos de corrupción, Prodi se ha visto obligado a prometer compartir de facto con el Parlamento algunos poderes exclusivos de la Comisión, como el de propuesta legislativa, o a aceptar la futura responsabilidad individual de los comisarios. No obstante, entre estos últimos se encuentran políticos y técnicos de sobrada valía, lo que debería dotar de peso a este colegio. Loyola de Palacio tendrá que hacer esfuerzos para compensar el deterioro sufrido; ha pagado en Bruselas la precipitación de su partido al cerrar apresuradamente la investigación parlamentaria en España sobre los cazaprimas del lino.

La lucha contra la corrupción, el control de los gastos comunitarios y la reforma del funcionamiento interno de la Comisión Europea van a ser un elemento clave de esta eurolegislatura, y la prioridad de Prodi si no quiere tropezar con la piedra que hizo caer a Santer. Para atajar este problema no basta poner patas arriba los procedimientos de la Comisión, pues, hoy por hoy, el 80% de los gastos comunitarios lo gestionan los Estados. Por ello, el segundo informe del comité de sabios va en la buena dirección, ya que, en vez de apuntar a la gestión de los funcionarios de la Comisión, critica los métodos y sobre todo apunta soluciones. Entre las 90 recomendaciones pone una mayor responsabilidad en los gestores, y propone reforzar la capacidad judicial creando una fiscalía europea que persiga a los defraudadores allí donde actúen.

Ahora que se estrena la Comisión Prodi sería el momento de pedir a los Estados que superen esa contradicción básica en la vida comunitaria que consiste en pedirle a la Comisión que cada vez haga más cosas sin dotarla de los medios necesarios.