La socialización del sufrimiento
El Congreso dio ayer luz verde a la proposición de ley que reconoce a las víctimas del terrorismo el derecho a ser resarcidas por el Estado -con carácter extraordinario y en concepto de responsabilidad civil- por los daños físicos o psíquicos sufridos como consecuencia de los atentados criminales de las bandas armadas; el respaldo de todos los grupos parlamentarios implica que los partidos democráticos han renunciado a sacar a subasta electoralista la cuantía de las indemnizaciones (calculadas globalmente en torno a los 50.000 millones). La norma cubre desde el 1 de enero de 1968 hasta la fecha de su promulgación; los beneficiarios serán los deudos de los fallecidos y quienes tuvieron la fortuna de salir con vida -aunque no indemnes- de los atentados terroristas.No han faltado las andanadas disparadas desde flancos opuestos -los extremos se tocan- contra la línea de flotación de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. Algunos plañideros dedicados durante años a lamentar el desamparo material en que se hallaban las víctimas de ETA han cambiado el ángulo de tiro de su descontento para atacar ahora la supuesta indelicadeza parlamentaria de mezclar dinero con sentimientos; adelantándose a tan demagógica crítica, la exposición de motivos subraya que esa interpretación fingidamente altruista es inaceptable: "el dolor de las víctimas es -y será para siempre- un testimonio que ha de servir para que la sociedad española no pierda nunca el sentido más auténtico de lo que significa vivir en paz". Las variantes descalificadoras más groseras acusan al Gobierno de intentar tapar la boca -con esos miles de millones- a la Asociación de Víctimas del Terrorismo para que no obstaculice sus negociaciones supuestamente entreguistas con ETA; la vileza de reabrir las heridas y enconar los agravios dejados por la violencia lleva el sello inconfundible de la ultraderecha.
La estrategia desestabilizadora de mantener vivos los odios para hacer imposible la reconciliación dentro del País Vasco encuentra su mejor aliado en la cruel indiferencia del nacionalismo radical y en la insuficiente sensibilidad de algunos sectores del nacionalismo moderado hacia los familiares de los casi 800 asesinados por ETA, una luctuosa lista minuciosamente establecida por el periodista José María Calleja en su estremecedor libro Contra la barbarie (Temas de Hoy, 1997). Resulta significativo, así, que el manifiesto difundido el pasado domingo por los componentes del Pacto de Estella para ratificar su propósito retórico de buscar una salida concertada a la violencia no contenga la más mínima referencia a las víctimas del terrorismo. Los nacionalistas moderados suelen invocar motivaciones exclusivamente humanitarias para exigir el acercamiento al País Vasco de los miembros de ETA, condenados en muchos casos por delitos de sangre, y acusan, en cambio, a los portavoces de las víctimas del terrorismo de politizar sus reivindicaciones; la designación hace unos meses del diputado José Antonio Urrutikoetxea (dirigente de ETA elegido en las listas de Euskal Herritarrok y acusado de gravísimos crímenes) como miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Vitoria no sólo mostró la burlona impiedad de los verdugos hacia sus víctimas, sino también la doble moral de algunos dirigentes del PNV y EA.
Los procesos de transición enseñan que una sociedad desgarrada por los recuerdos de conflictos fratricidas y por la memoria de los muertos sólo podrá alcanzar la reconciliación cuando los antiguos enemigos entiendan las razones de sus adversarios y acepten compartir el duelo por sus deudos. ETA buscó la socialización del sufrimiento, es decir la ampliación del ámbito de los afectados por el dolor, bien directamente con la kale borroka, bien indirectamente a través de la espiral acción-represión que provocaba la respuesta policial o judicial del Estado y permitía a la organización terrorista administrar sus consecuencias mediante las gestoras pro-amnistía y las organizaciones de solidaridad con los presos. Mientras los nacionalistas no acepten plenamente que la inducida socialización del dolor puesta en marcha por la banda terrorista arrastró en su trágica marea no sólo a los muertos y a los presos de ETA, sino también a los asesinados y a los heridos por la furia criminal de sus atentados selectivos o indiscriminados, la reconciliación del País Vasco será incompleta.
