Mariscal niega en la apertura del Año Judicial la subida de sueldos que reclaman los jueces

Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia, se opuso ayer tajantemente, poco antes de la solemne apertura del Año Judicial, al aumento retributivo de un 25% que reivindican los jueces y los fiscales de toda España. La ministra hizo "un llamamiento a la responsabilidad" de estos colectivos, cuyos representantes aprovecharon la intervención del rey don Juan Carlos en el palacio del Tribunal Supremo, y la asistencia de altas autoridades judiciales y políticas, para secundar mayoritariamente concentraciones en defensa de su demanda. Mariscal señaló que comprende que jueces y fiscales quieran "ganar más", pero agregó que no comparte esta reclamación. En su opinión, la prioridad está en dotar a la justicia de más medios materiales.

Mariscal de Gante respondió a jueces y fiscales poco antes de la apertura del Año Judicial. Aprovechó su participación en una jornada organizada por las Cámaras de Comercio sobre la futura Ley de Enjuiciamiento Civil, que promueve la propia ministra, para explicar que las retribuciones de los jueces y fiscales las fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado, por lo que es el Parlamento el que decide las cantidades a percibir.La titular de Justicia, en todo caso, coincidió con la reivindicación de los colectivos judiciales de crear una ley específica para regular sus retribuciones, iniciativa que de hecho está prevista legalmente desde 1985, pero se apresuró a puntualizar que la promulgación de tal norma "no tiene que ver con la cuantía de los sueldos".

Mariscal cree que la prioridad no está en los salarios, y recordó, por el contrario, que a la Justicia le hacen falta medios materiales. De ahí, dijo, que siempre que llegan recursos a su ministerio los destine prioritariamente a la mejora de dichos medios. Su respuesta fue calificada de "poco inteligente" por el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Lorenzo Pérez San Francisco, quien afirmó que los jueces están dispuestos a llegar "hasta donde sea" si no son atendidas sus peticiones.

218.000 millones

Según la Memoria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) conocida ayer, el gasto público en Justicia fue en 1998 de 218.000 millones de pesetas, equivalente al 0,3% del Producto Interior Bruto y al 0,6% del gasto público total. El 58% de ese importe forma parte del presupuesto del Ministerio de Justicia y el restante 42% corresponde a los presupuestos de las comunidades autónomas con competencias de Justicia transferidas.Respecto a la coincidencia de las protestas de los jueces y fiscales con la apertura del Año Judicial, Mariscal destacó que la presencia en este acto del Rey y el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Javier Delgado Barrio, entre otras personalidades, aconsejaba que se hablase "de administración de justicia, y no de reivindicaciones".

Así ocurrió durante el solemne acto oficial, en el salón de plenos del Tribunal Supremo, en el que sólo hubo una referencia del presidente del CGPJ a la "confianza en nuestros jueces" y en su "alto sentido de la responsabilidad".

Sin embargo, en las sedes judiciales de Madrid, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias y otras comunidades se celebraron reuniones de jueces y magistrados, conferencias de prensa o concentraciones para insistir en la reclamación salarial y firmar documentos de apoyo a la reivindicación, en la que coinciden las cuatro asociaciones judiciales. Los datos de los convocantes anticipaban, mientras transcurría el acto solemne, una respuesta "unánime" de jueces, magistrados y fiscales, si bien reconocían que hasta dentro de varios días no dispondrán de datos precisos sobre la participación en las reuniones reivindicativas de ayer. En Madrid, una nota del decanato de los juzgados informaba de que los 216 jueces de la capital habían acudido a la reunión de forma "masiva". A su vez, los magistrados de las secciones de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid remitieron un escrito a la ministra en el que se suman "por unanimidad" a la petición de una subida salarial. Documentos similares fueron firmados y remitidos desde diferentes provincias. En Valencia, los jueces acordaron apoyar el documento suscrito la semana pasada por todas las asociaciones judiciales y pedir a las autoridades, empezando por el presidente del Gobierno, José María Aznar, la aprobación "urgente" de una ley de retribuciones específica. En Granada, jueces y magistrados de toda Andalucía pidieron en asamblea una subida que acabe con una situación de "verdadera explotación laboral", según el comunicado leído por el portavoz Juan José Sáez-Soubrier. Frente a este argumento, la ministra recomendó a los jueces que "miren a su alrededor cuáles son los sueldos del resto de profesionales y que actúen en consecuencia". Pero la asociación Francisco de Vitoria le replicó de inmediato: "Si se refiere a los notarios, a los registradores, a los abogados o a los procuradores, creemos que no estamos a ese nivel ni de lejos".

El presidente de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, Santiago Martínez-Vares, indicó, a su vez, que la subida del 25% la planteó el propio Consejo General del Poder Judicial. Más tajante, el portavoz de Jueces para la Democracia, Ricardo Bodas, enfatizó que la reclamación es "un problema de Estado" y calificó de "frívola" la reacción de Mariscal, que está, dijo, "tirando cañonazos" contra la reforma de la Administración de Justicia.