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URBANISMO

El Juzgado autoriza la demolición de edificios en ruina de Parque Ansaldo

El Ayuntamiento de San Juan (Alicante) puede continuar cuando quiera con su programa de demolición de edificios declarados en ruina de la barriada de Parque Ansaldo. La última de estas operaciones programadas, paralizada a principios de mes por vía judicial ante el recurso presentado por un vecino del barrio, recibió el viernes el visto bueno del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante, cuya titular emitió un auto en el que considera "de interés general" la demolición, dado el riesgo para la seguridad pública que supone la existencia de un bloque de pisos deteriorado en extremo. La misma juez que el 2 de septiembre paralizó provisionalmente las demoliciones, citó a las partes enfrentadas para determinar el grado de deterioro de los inmuebles y los posibles perjuicios que la desaparición física de los mismos podría acarrear a los propietarios, pendientes desde hace una década del cobro de indemnizaciones decretada por el Tribunal Supremo. En el auto definitivo, conocido ayer, la magistrada determina que ese efecto, en caso de producirse, sería "siempre" resarcible, por lo que prioriza la seguridad ciudadana y autoriza el trabajo de la piqueta. La temprana aparición de defectos de construcción, la sistemática ocupación por inmigrantes y sin techo de las viviendas que quedaban vacías, y sobre todo el establecimiento de clanes dedicados a la venta de droga al menudeo, han situado a Parque Ansaldo como uno de los principales focos de marginalidad de la Comunidad Valenciana. Los primitivos compradores han soportado una larga batalla judicial, que parecía acabada en 1992 cuando el Supremo les reconoció el derecho a ser indemnizados por la constructora y la Administración, al tratarse de pisos de protección oficial. Las indemnizaciones, sin embargo, todavía no se han fijado, y los afectados sospechan que, cuando llegue el momento, difícilmente podrán concretarse cantidades sin la existencia física de las fincas objeto del largo litigio. Conforme han pasado los años, la degradación arquitectónica se ha adueñado de la barriada, con más de 50 edificios que se extienden a lo largo de 135.000 metros cuadrados. El Ayuntamiento ha optado por declararla en ruina y proceder a su demolición, para favorecer el desarrollo urbanístico del norte de San Juan, donde se podrán construir hasta 3.000 viviendas nuevas sobre un territorio de 750.000 metros cuadrados, hoy paralizado por la existencia de Parque Ansaldo. La juez considera que las actuaciones del Ayuntamiento se ajustan a derecho, y deja sin efecto la paralización de las demoliciones. El concejal de Urbanismo de San Juan, Manuel Giménez, declaró ayer que su departamento "no se precipitará" en el proceso, y decretará los derribos cuando se hayan comunicado a todos los propietarios previa declaración de ruina de los inmuebles afectados. Mañana mismo, Giménez se reunirá con los letrados municipales para concretar los pasos a seguir. "Se trata de un problema público que estamos obligados a erradicar con la utilización de los medios legales a nuestro alcance", señaló el edil, que recordó que el Ayuntamiento no integra el listado de organismos públicos condenados por el Supremo.

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