El PP y el PSOE reprochan a los jueces que vinculen sus sueldos a la independencia judicial

Tanto el PP como el PSOE consideran un error que los jueces vinculen su petición de un 25% de incremento salarial a la defensa de la independencia judicial. Sus respectivos portavoces parlamentarios en la materia, Andrés Ollero y Álvaro Cuesta, también coincidieron ayer al expresar que el actual no es el mejor momento para que planteen semejante reivindicación. A su vez, el presidente del Gobierno, José María Aznar, la calificó de "un poco sorprendente" para "una parte inmensa de la población española". Según el Ministerio de Justicia, la subida solicitada -la media sería de entre 1,5 y 2,5 millones- incrementaría la partida presupuestaria en unos 7.500 millones de pesetas anuales.

Las asociaciones de jueces y fiscales han anunciado que el lunes, aprovechando la apertura del año judicial bajo la presidencia del Rey, efectuarán concentraciones en las sedes de los tribunales para apoyar su demanda de un aumento salarial del 25% para compensar la pérdida de su poder adquisitivo, cifrada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un 18% durante los últimos diez años, y establecer un sistema de productividad. En ese sentido, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Santiago Martínez-Vares, insistió ayer en que "una de las bases para ofrecer a la sociedad la tutela judicial efectiva es que los jueces se sientan bien retribuidos". "Ahora hay una enorme desmotivación", puntualizó para añadir que "la independencia es también libertad económica y no tener que depender de otras cosas". "Nosotros no podemos formar parte de un sindicato porque la Constitución así lo ha querido. Y lo que queremos es un marco definitivo para no tener que estar limosneando al Ejecutivo", concluyó.

El portavoz del CGPJ, Benigno Varela, le respaldó al manifestar que "ya va siendo hora" de elaborar una ley de retribuciones que garantice un sueldo digno a los jueces, una norma que, indicó, lleva esperando desde 1985, cuando se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En todo caso, la alusión a la independencia es una equivocación para el PP y el PSOE. Según el portavoz popular en la materia, Andrés Ollero, se presta a ser "mal interpretada". Su homólogo socialista, Álvaro Cuesta, afirmó que "no es el mejor argumento" porque "demuestra un concepto excesivamente mercantilista". No obstante, tras los recientes incrementos de los emolumentos de los magistrados del Tribunal Supremo y los vocales del CGPJ -hasta unos 16 millones brutos anuales, unas 750.000 pesetas al mes-, Cuesta reconoció que el resto del escalafón se siente agraviado. Ayer mismo los secretarios judiciales también reclamaron una subida del 25%, así como su integración en el CGPJ.

El presidente del Gobierno, José María Aznar, se refirió igualmente ayer a la demanda de los jueces y los fiscales calificándola de "un poco sorprendente" para "una parte inmensa de la población española". "Comprendo que distintos colectivos tengan preocupaciones [económicas], pero yo también la tengo. Me gustaría que el sueldo de los jueces fuera mucho mejor. Y el de los funcionarios, y el de los trabajadores...", dijo.

Discriminación

IU, a través de Pablo Castellano, mostró su solidaridad con los jueces y los fiscales, pero extendiendo su petición a todos los estamentos de la Administración de Justicia. Por su parte, Comisiones Obreras la estimó "escandalosa e irresponsable" precisamente por su carácter discriminatorio para los demás empleados públicos. La Confederación de Sindicatos Independientes de Funcionarios (CSIF) también ha programado manifestaciones el lunes para exigir una reforma global del sector. Según el Ministerio de Justicia, la subida salarial de un 25% supondría elevar en 7.500 millones de pesetas la correspondiente partida anual, que pasaría de 30.500 a 38.000. El departamento que dirige Margarita Mariscal recuerda que las percepciones de los jueces y los magistrados fueron incrementadas en un 24% y un 30%, respectivamente, en 1989, cuando el aumento para el resto de los funcionarios fue del 4%. Sin contar el complemento de los 15 años de antigüedad, la subida reclamada ahora supondría, por ejemplo, que los presidentes de los tribunales superiores de las comunidades pasarían a cobrar más de 12 millones al año cuando hoy perciben 9,7. El incremento medio sería de entre 1,5 y 2,5 millones.