Los jueces y fiscales anuncian concentraciones en demanda de un 25% de aumento salarial

Todas las asociaciones de jueces y fiscales anunciaron ayer que el lunes a mediodía celebrarán concentraciones en las sedes de los tribunales, coincidiendo con la solemne ceremonia de apertura del año judicial que tradicionalmente preside el Rey, para ratificar un comunicado en el que reclaman del Gobierno una subida salarial en torno al 25% que les compense de la "pérdida brutal" de poder adquisitivo en los últimos años. Documentos internos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifran la pérdida de poder adquisitivo en los últimos 10 años en torno a un 18%.

En las últimas negociaciones mantenidas con el Gobierno, que acabaron sin acuerdo, las asociaciones judiciales reclamaron una subida de las retribuciones en torno al 25%, del que un 18% correspondería a la pérdida del poder adquisitivo y el 7% restante estaría justificado por el establecimiento de un sistema de productividad, según fuentes de las agrupaciones. El sueldo de un magistrado, dependiendo del lugar donde ejerza y el órgano al cual pertenezca, está entre los cinco y nuevo millones de pesetas netas anuales, según las mismas fuentes. Estas retribuciones corresponden a 12 pagas mensuales y dos medias extraordinarias.

Los baremos utilizados para pagar a los jueces incluyen nueve categorías (establecidas en una normativa de 1989), de modo que los sueldos oscilan entre las 290.000 pesetas netas mensuales de un juez de ingreso y las 520.000 que alcanza un magistrado de Audiencia o Tribunal Superior de Madrid o Barcelona, en la plenitud de su carrera profesional. Las nóminas de los jueces de instrucción oscilan entre las 320.000 y las 450.000 pesetas según destinos.

El máximo sólo lo cobran los de Madrid y Barcelona, en razón del volumen de asuntos que tienen que atender.

Las reivindicaciones no incluyen a los magistrados del Tribunal Supremo y vocales del CGPJ a los que se incrementó recientemente el sueldo hasta unos 16 millones brutos anuales, alrededor de unas 750.000 al mes.

A la conferencia de prensa que se celebró ayer en la sede del CGPJ asistieron los presidentes y portavoces de la Asociación Profesional de la Magistratura, (APM), Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Unión Judicial Independiente, así como los de la Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales. Además de la totalidad de las asociaciones, también estuvieron presentes los jueces decanos de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga y Zaragoza y varios vocales del Consejo del Poder Judicial, que respalda las reivindicaciones.

Sensibilidad del Gobierno

En nombre de todas las asociaciones, el presidente de la mayoritaria, la APM, Santiago Martínez Vares, manifestó que los jueces y fiscales quieren explicar a la sociedad la situación de sus retribuciones y "llamar la atención al Gobierno para que muestre sensibilidad con este problema". El magistrado recordó que la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 contempló una Ley de Retribuciones que aún no se ha redactado: "Se nos ha dicho que el único camino es esa ley, pero no queda ya tiempo en la presente legislatura y las negociaciones con el Gobierno han llegado a una vía muerta".

Preguntado por si cree que la sociedad comprenderá que los jueces reclamen un 25% de aumento de sueldo cuando el que menos gana está en torno a las 300.000 pesetas, Martínez Vares contestó: "Piense que estamos hablando de los representantes de un poder del Estado, que tienen que ser independientes y que queremos que vengan los mejores. El juez tiene que ser independiente frente a cualquier tipo de presión y para eso tiene que estar convenientemente retribuido".

Las propuestas que defienden los jueces y fiscales, según dijeron, no deben interpretarse en términos de "insolidaridad" con el resto de los trabajadores. El portavoz de Jueces para la Democracia, Ricardo Bodas, puntualizó: "La crítica fácil que nos pueden hacer es la de "insolidarios", pero hay que explicar que desde hace 15 años estamos pendientes de la Ley de Retribuciones y no hemos reclamado absolutamente nada".

Martínez Vares agregó que no está en condiciones de adelantar qué medidas pueden adoptar si el Gobierno no afronta el problema, pero explicó que piensan "agotar todos los resortes que el ordenamiento jurídico permita".

El próximo lunes, magistrados y jueces remitirán telegramas reivindicativos al Gabinete de la Presidencia, a la Ministra de Justicia y al presidente del CGPJ.

El comunicado que los jueces estudiarán en las concentraciones del lunes en las sedes judiciales subraya que desde 1989 "las retribuciones de la carrera judicial han ido perdiendo poder adquisitivo en cuantía que documentos elaborados por el propio Consejo General del Poder Judicial cifran en casi un 20%".