Un juez investiga supuestos malos tratos a una mujer en un geriátrico

La justicia intenta averiguar si las lesiones padecidas por una anciana en una residencia de la tercera de edad de Valencia -de propiedad pública y gestión privada- fueron provocadas por supuestos maltratos del personal del centro, ubicado en el Palacio de Raga y explotado por Eulen, una poderosa empresa del ramo. El juez, ante la "gravedad y trascendencia del asunto", ha solicitado información a la Consejería de Bienestar Social. La inspección de esta institución también ha abierto un expediente.

La hija de la anciana denunció el pasado 20 de junio en una comisaría de policía las lesiones padecidas por la residente, de 87 años. Según la declaración que prestó, su madre sufrió, durante la primera quincena de su estancia en el Palacio de Raga, golpes en "piernas, brazos y manos". La denunciante añadió "que tanto su madre como otras personas mayores", todas ellas minusválidas, padecen "lesiones parecidas" a las citadas. Automáticamente, el titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia, Félix Blázquez, solicitó a la Consejería de Bienestar Social, con "carácter urgente", la remisión de un informe "sobre el estado físico y las lesiones que pueda sufrir" la anciana. Ese departamento de la Generalitat, el responsable de la gestión de la residencia, hizo caso omiso al requerimiento. El 28 de julio, un mes después, Blázquez reiteró su petición. En esta ocasión, sin ocultar su enojo, advertía que cualquiera demora podría derivar en un "delito de denegación de auxilio a la Justicia" y, ante la falta del informe solicitado, y por la "gravedad y trascendencia del caso", pidió un dictamen médico a los forenses adscritos al juzgado. Sus resultados no han trascendido. María Luisa Gracia, la nueva directora general de Servicios Sociales y responsable directa del centro, no contestó las llamadas de este periódico. Ahora bien, un portavoz de la consejería aseguró que la inspección había abierto un expediente -aún por resolver- al tiempo que no supo justificar la demora en remitir al juez la información, ya enviada. Mientras, un grupo de familiares de ancianos alojados en la residencia Palacio de Raga ya envió, en marzo y julio pasados, sendas cartas de protesta a Bienestar Social. En su opinión, el centro padece una notable "falta de medios y recursos humanos", lo que genera, en su opinión, "improvisación y desconcierto".