Pensiones: política y economía

Los socialistas parecen convencidos de haber encontrado un filón en el tema de las pensiones. Sin embargo, tal como lo están planteando -subida inmediata de 2.000 pesetas por decreto ley-, puede convertirse en un filón de doble filo: hacer una oposición tan expeditiva, sin debatir los efectos futuros, transmite la imagen de una escasa confianza en que les toque administrar este asunto desde el Gobierno. La demagogia gubernamental de apuntarse en exclusiva el mérito de la bonanza económica ha favorecido esa estrategia de los socialistas: pueden desafiar a Aznar pidiéndole que destine a pensiones el excedente de recaudación fiscal. Son astucias propias del juego político. Pero la habilidad política debe ser compatible con la racionalidad económica para no convertirse en demagogia. La iniciativa de Chaves, de alcance regional, se vio amplificada primero por la oposición frontal del Gobierno, y después del 13-J, por el seguimiento anunciado por los nuevos presidentes socialistas de Asturias, Baleares y Aragón. Metido en arena electoral, Pujol decidió seguir el ejemplo: aprobó un complemento para las pensiones no contributivas y planteó una subida de las pensiones contributivas más bajas en el marco del Pacto de Toledo. Desde ese momento se hizo evidente que el tema de las pensiones va a ser central en el debate electoral y que el Gobierno lleva las de perder: por insensibilidad social, si no cede; por debilidad, si lo hace. En todo caso le será difícil contrarrestar la impresión de que se resiste a trasladar una parte de los ingresos adicionales de la bonanza de la economía a los jubilados con pensiones mínimas. La estrategia de desbordamiento de los socialistas se inscribe en la lógica de la oposición. Su único riesgo es el de pasarse de rosca, dar la sensación de que no les preocupan las dificultades que puedan plantearse a quienes gobiernen dentro de un año, o de cuatro, porque no serán ellos. Pedir que las pensiones suban por decreto es admitir que también puedan reducirse por la misma vía. Y eso va contra los principios del Pacto de Toledo.

Ese pacto implica un compromiso político y otro económico: sacar el tema de las pensiones de la batalla partidista y tomar las medidas necesarias para garantizar la viabilidad económica del sistema público actual. Entre otras cosas, ello exige adecuar el aumento de las pensiones al crecimiento a largo plazo de la economía. Al establecer un complemento no consolidado con cargo a los presupuestos de su comunidad para las pensiones no contributivas, ni Chaves ni Pujol han roto el compromiso económico; pero han esquivado el pacto político al desencadenar una dinámica que, inevitablemente, ha acabado afectando también a las pensiones contributivas: las que se financian de manera intergeneracional con cargo a las cotizaciones de los trabajadores con empleo.

La favorable coyuntura económica ha desplazado a segundo plano el que hasta hace poco se consideraba problema fundamental: la viabilidad futura del sistema. Es decir, la relación entre ocupados que financian las pensiones y jubilados perceptores de las mismas. A comienzos de siglo alcanzaba la edad de 65 años el 26% de los nacidos. Ahora, el 84%. En 1970 nacían tres hijos por mujer; ahora, 1,2. Hace unos años, la relación entre cotizantes y jubilados era de tres a uno. Si las cosas siguen como están, dentro de 40 años cada empleado deberá sostener a 1,5 jubilados.

No hay pacto que garantice contra tal eventualidad, pero si no se aprovechan los momentos de crecimiento equilibrado para mejorar la situación de los más desfavorecidos, ¿cuándo hacerlo? La retórica conservadora ha pronosticado grandes desgracias cada vez que se han introducido reformas de redistribución de la renta. A veces han acertado, pero en general el sistema ha sido capaz de digerirlas. En España, las pensiones bajas son muy bajas: una media de 37.000 pesetas las no contributivas. La forma como Chaves presentó el problema puede resultar irritante, pero sin su iniciativa no se habría desencadenado una dinámica que ha anticipado un año la revisión prevista para fines del 2000, al término del Pacto de Toledo.

Si, como admite ahora el Gobierno, la situación económica permite mejorar algo la situación de los jubilados y viudas, ¿por qué el Gobierno se negó siquiera a tomar en consideración las propuestas planteadas en tal sentido por sindicatos y partidos de oposición? El precio de no hacer algo se olvida con frecuencia al considerar sólo los eventuales efectos perversos de hacerlo. Ha sido el caso.