Comerciantes de Agua Amarga piden más dinero por la expropiación

Hace "trece meses y seis días" que la Generalitat les comunicó, a través de los periódicos, que sus negocios estaban condenados a desaparecer en aras del progreso y la construcción de una reserva lúdica y turística capitaneada por el parque temático Ciudad de la Luz. Los comerciantes de Agua Amarga, en Alicante, se oponen a la expropiación forzosa decretada por el Consell, y califican de "robo" las cantidades que les ofrece por sus propiedades.

La expropiación del suelo reservado por el Consell para construir el complejo lúdico y otras dotaciones turísticas se resolverá finalmente en los tribunales. Los propietarios de los 11 negocios que funcionan en el barrio costero de Agua Amarga, sobre un suelo que ha sido elegido para levantar un establecimiento hotelero, plantearán batalla judicial para evitar la pérdida de su patrimonio. En su inmensa mayoría (sólo uno de ellos parece conforme con la oferta), consideran "irrisorias" las cantidades que el Consell les ofrece por sus negocios, y anuncian una cascada de contenciosos que obligará a la Administración autonómica a justificar la expropiación con fondos públicos de unos terrenos que después pondrá en otras manos privadas para su explotación. Los afectados, integrados en la Asociación de Interesados de la Partida de Agua Amarga, protestan por la incertidumbre que se adueñó de sus vidas desde que conocieron el proyecto avalado por el presidente Zaplana, y reclaman un interlocutor válido con el que negociar. "Si fuera para construir un hospital lo entenderíamos, pero nos quitan todo lo que tenemos para un parque temático y hoteles, y sin darnos posibilidad de reanudar nuestra actividad en esta zona, a la que llegamos hace más de 20 años", señalaron ayer. Desde el periodo preelectoral, estos empresarios, propietarios de restaurantes, talleres de coches, carpinterías industriales y firmas de alquiler de vehículos, no han podido contactar con el Consell para discutir las valoraciones de sus propiedades que han recibido por correo. "La oficina encargada de las tasaciones nos dice que sólo tenemos dos soluciones: aceptar o acudir al contencioso, y nos aconseja que no invirtamos ni en pintar las fachadas porque los edificios serán demolidos". "Juegan con nuestras vidas de forma malintencionada, cuando nosotros lo que reclamamos es una alternativa para mantener nuestra actividad y los 50 puestos de trabajo que dependen de los negocios". Pedro Box, Antonio Hernández, José Manuel García, Pablo Lázaro y el resto de industriales coinciden en una cosa: el dinero que el Consell les ofrece es "a todas luces insuficiente" para trasladar el negocio a otro lugar, y además ellos lo que quieren es mantenerse en Agua Amarga, en condiciones similares a las actuales, con amplias naves en plena fachada marítima. "No tenemos 20 años para rehacer nuestras vidas porque los políticos lo decidan", dicen. La irritación crece conforme se comunica el valor de las expropiaciones, con cantidades dispares que los afectados aseguran responden a una estrategia del Consell para dividir opiniones. Un ejemplo: 5 millones de pesetas por 378 metros cuadrados (a razón de 13.227 pesetas el metro), y 61 millones por una finca industrial de 8.445 metros que acoge dos negocios, cantidad que no supera las 7.300 pesetas el metro. "No se puede entender", concluyen.