VERTIDO El Corredor Verde del Guadiamar

En el reciente Seminario Internacional celebrado en Sevilla sobre Corredores Ecológicos, en donde se han congregado más de 200 técnicos y científicos, ecologistas, asociaciones de vecinos, organizaciones agrarias, Administración central y la propia Junta de Andalucía, organizadora del foro, se ha extraído como principal conclusión que el Corredor Verde del Guadiamar es la mejor solución desde un punto de vista ambiental, social y económico al desastre de Aznalcóllar. Ambiental porque es la mejor fórmula de conectar dos espacios naturales de excepcional valor biogeográfico (Doñana y Sierra Morena). La necesidad de establecer corredores ecológicos entre áreas naturales ya consolidadas administrativamente viene recogida en la Directiva 92/43 sobre hábitats naturales, de la que se hace eco la Red Natura 2000. Además, ya en la propia Ley 91/68, por la que se declara el Parque Nacional de Doñana, se planteaba la necesidad de crear una estructura funcional-lineal a lo largo del cauce del Guadiamar, que sirviera de protección al propio Parque Nacional. Social porque conectaría mediante un pasillo verde dos comarcas que se van a beneficiar de la afluencia turística-recreativa vinculada a la construcción de una serie de equipamientos e instalaciones de uso público a lo largo de 40 kilómetros. Económica, porque la propia creación del corredor lleva implícita la garantía de no volver a cultivar estos terrenos desde un punto de vista agrícola, lo que despeja la incertidumbre y las reticencias de los mercados nacionales e internacionales respecto a consumir productos de la zona. Además, el corredor verde se concibe como un instrumento de desarrollo comarcal, con el consiguiente impacto en términos de empleo y riqueza. Para llevar a cabo el proyecto, el Consejo de Gobierno ha acordado iniciar la expropiación forzosa, por la vía de urgente ocupación, de un total de 258 fincas (3.816 hectáreas) afectadas por el Corredor Verde del Guadiamar, para lo cual ha autorizado un gasto de 8.785 millones de pesetas. Con este decreto, Andalucía se convierte en la primera comunidad autónoma que inicia un procedimiento de expropiación forzosa justificado expresamente por razones medioambientales de utilidad pública. Además de considerar estas razones, el Gobierno andaluz fundamenta su decisión en que la ejecución de este proyecto debe ser inmediata para salvaguardar la viabilidad del mismo. El recurso interpuesto por la patronal ASAJA contra el decreto de la Junta, argumentado en la idoneidad y necesidad de volver a cultivar los terrenos afectados por el vertido tóxico y en la supuesta inconstitucionalidad del propio decreto expropiatorio, no hace más que corroborar la estrategia politizada de confrontación de ASAJA contra el Gobierno andaluz, que además en este caso, atenta contra el sentido común, los intereses particulares de los agricultores y de la sociedad en general. Esta sinrazón les ha dejado una vez más en evidencia, el propio Gobierno central apoya sin paliativos el proyecto y las medidas para llevarlo a cabo. En este sentido, la no admisión a trámite por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por un propietario afectado por la expropiación, no hace más que corroborar lo ajustado a derecho de la medida adoptada por el Gobierno andaluz. Por tanto, el Corredor Verde del Guadiamar no es fruto del ecologismo franciscano basado en la protección de hábitats a cualquier precio, ni se constituye en contra de intereses agrícolas y de espaldas al proceso de desarrollo de los habitantes y comarcas implicados en el mismo. Más bien al contrario, el corredor es un proyecto que viene justificado por un desastre y como solución beneficia a todos, sin excepción, incluida ASAJA.

Gabriel Cañavate Maldonado es secretario de Medio Ambiente y miembro de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A.