Mo Mowlam acepta que el alto el fuego del IRA no se ha roto a pesar de los recientes atentados

De "increíble, ilógica y errónea" describieron los dirigentes unionistas y conservadores la decisión favorable de la ministra británica de Irlanda del Norte, Mo Mowlam, con respecto al alto el fuego republicano.Mowlam reconoce la participación del Ejército Republicano Irlandés (IRA) en actividades violentas e ilegales, incluido el asesinato de un católico el mes pasado, pero declara en su comunicado de ayer que la tregua "no se ha roto". "No creo tampoco que esté desintegrándose ni que los acontecimientos recientes representen una decisión por parte de la organización para retornar a la violencia", continúa. La ministra acepta que la "paz es imperfecta" y advierte de que estuvo tentada de juzgar la tregua como "no genuina" , pero evita recurrir a los cauces legales para imponer sanciones a los responsables de la violencia a baja escala.

De haber declarado la ruptura del alto el fuego republicano, vigente desde hace dos años en lo que se refiere a los ataques contra las fuerzas de seguridad y la población protestante, Mowlam podría haber suspendido el programa de excarcelaciones anticipadas de presos del IRA.

El visto bueno gubernamental a la estrategia del movimiento republicano levanta un obstáculo que ponía en peligro la revisión del proceso de paz, que se reanuda el próximo 6 de septiembre. El responsable unionista David Trimble acusó a Mowlam de "no contar la verdad", pero reiteró que acudirá a las negociaciones multipartidos para exigir responsabilidades al Sinn Fein, rama política del IRA. "La decisión es decepcionante y errónea, porque no hay duda de que la tregua se ha violado", declaró ayer.

Para la oposición conservadora, la ministra de Irlanda del Norte envía un "mensaje muy peligroso" a la población, en tanto que parece aceptar la violencia del IRA dentro de su propia comunidad. "Es ilógico. Socava la confianza y credibilidad del proceso de paz", señaló el exministro Michael Ancram. Los atentados del IRA de los últimos dos años se dirigen contra miembros de la población católica, a los que acusa de colaborar con la policía o de actividades antisociales.