Votos y pensiones
La propuesta de Jordi Pujol de subir las pensiones más bajas en Cataluña ha reabierto un debate que tiene mucho más que ver con un distanciamiento entre CiU y el Gobierno por pura estrategia electoral, que con un repentino interés por los más desfavorecidos por parte del presidente de la Generalitat. CiU ha tenido tiempo más que sobrado para aplicar esta medida en Cataluña y no lo ha hecho. Ha tenido varias oportunidades de apoyar una subida de las pensiones mínimas en el Congreso y no ha dudado en alinearse con el PP para evitarlo. Y, miren por donde, ahora el PP también se sube al carro...Cambiar votos por pensiones. Ésta es la razón de fondo y no el diferencial de inflación que teóricamente soportan los ciudadanos de Cataluña. Parece éste un argumento de peso, pero no se sostiene con las cifras en la mano. Dice Pujol que quiere compensar a los pensionistas catalanes por cinco años de inflación más alta. En los dos últimos años, sin embargo, todos los pensionistas del Estado han ganado poder adquisitivo porque la inflación fue inferior a la prevista y el Gobierno no se lo ha descontado. En los años anteriores, sólo en 1996 la inflación fue superior en Cataluña.
¿Es legítimo que los partidos cambien de actitud y hagan nuevas propuestas electorales? Naturalmente que sí. Lo único que hay que exigir es coherencia, y aquí es donde la propuesta de Pujol falla por la base. ¿Piensa el presidente de la Generalitat subir también los sueldos de sus funcionarios según la inflación catalana? ¿Piensa apoyar a los sindicatos en unas demandas salariales más altas frente a sus empresas? ¿Piensa hacer algo para que la inflación en Cataluña sea más baja? Y, en este renacer de la conciencia social, ¿dará Pujol marcha atrás en su política de privatización de servicios públicos básicos, como la sanidad o la educación?
En cualquier caso, nadie debe llamarse a engaño. Aplicar una subida de 300 o 500 pesetas mensuales a unas pensiones que no alcanzan las 40.000 pesetas, y argumentarlo en base al hecho diferencial catalán es, como mínimo, una falta de consideración. La cuestión de fondo no es ésta. Digamos que estas pensiones son insuficientes, que el actual ritmo de crecimiento económico y de creación de empleo exige un esfuerzo solidario y analicemos si ello es compatible con el sostenimiento futuro del sistema público de pensiones. Entonces todo este debate, hasta ahora poco clarificador, tendrá un sentido.
Hay que subir las pensiones más bajas, y no ahora, sino hace mucho tiempo. La realidad es que las cotizaciones sociales no sólo han sido suficientes para atender el pago de las pensiones contributivas, sino que en los últimos diez años la Seguridad Social ha tenido un superávit de casi cuatro billones de pesetas que se ha destinado a otros fines.
Además, si el Gobierno del PP hubiera cumplido lo establecido en el Pacto de Toledo sobre separación de fuentes de financiación (cai completa en sanidad pero nula en los complementos a mínimos) ya se habría creado el fondo de reserva establecido en previsión de ciclos económicos desfavorables.
Nada que ver, pues, con las visiones catastrofistas sobre la quiebra de la Seguridad Social, auspiciadas por el sector financiero y los ideólogos del ultraliberalismo. La privatización de las pensiones es, sin duda, un negocio lucrativo para la banca, pero ha fracasado, por ejemplo en Chile, el país en este aspecto modélico para quienes identifican la idea de solidaridad con un cáncer social que impide el desarrollo económico.
El cambio paulatino de un sistema de reparto (el actual) por otro de capitalización (cada uno percibe lo que aporta) fue planteado ya en el año 1996 en un estudio encargado por La Caixa a la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA). Uno de sus responsables, J. A. Herce, coautor de dicho estudio, lo reiteraba hace unos días en estas mismas páginas. El Círculo de Empresarios, "la derecha" de la CEOE, lo defiende a ultranza. El Banco Central Europeo (BCE) no se cansa de repetir en sus informes que el sistema público de pensiones está amenazado y de pedir medidas a los países del euro.
Esta visión interesada del sistema público de pensiones y la consiguiente propuesta de cambio de modelo se contradice con la información que se desprende del estudio económico actuarial La Seguridad Social en el umbral del siglo XXI, realizado en el año 1995 por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Este estudio, uno de los más serios y rigurosos que se conocen hasta ahora al respecto, sitúa en el 9,52% del PIB el gasto estimado en pensiones en el año 2030, frente al 9,06% del año 1995, bajo el supuesto de que el PIB crezca a un ritmo del 2,5%.
Estas proyecciones no contemplaban aún las medidas de racionalización del sistema público de pensiones que se establecieron en el Pacto de Toledo y, por tanto, pueden considerarse algo elevadas. Partiendo de esta base, la cuestión es ¿puede la sociedad española, en los próximos 30 años, realizar el esfuerzo de elevar su gasto en pensiones en casi medio punto del PIB? Es decir, ¿puede garantizar la viabilidad del sistema público pese al envejecimiento de la población?
En el terreno económico, esto dependerá del ritmo de creación de empleo y de que la gestión sea eficaz, pero en ningún caso se puede afirmar que la quiebra está asegurada; más bien todo lo contrario. Dicho esto, lo fundamental es que exista la voluntad política de caminar hacia un determinado modelo de sociedad que se base en un reparto justo de la riqueza. Ahora es la oportunidad de revisar el Pacto de Toledo y de mejorar el sistema público de pensiones para que sea más sólido y, sobre todo, más solidario. Esto no significa cerrar los ojos al futuro, sino hacerlo más esperanzador, y ésta es la responsabilidad de todos.
También es una decisión política admitir que el Estado de las autonomías significa reconocer las diferencias. Nada impide a Cataluña, Andalucía y a todas las comunidades subir, con sus propios recursos, las pensiones no contributivas. Es una decisión política, que da prioridad a un gasto frente a otro, y que se financia con los impuestos y no con las cotizaciones sociales. No se justifican, por tanto, las pataletas del Gobierno Aznar, en aras de no se sabe muy bien qué criterio de uniformidad.
Lo curioso es que todo este asunto ha cogido al Gobierno a traspiés. Lo que hasta hace poco era "un disparate", ahora se admite para las pensiones mínimas (las que se financian con cotizaciones y no con impuestos). Mal se puede argumentar, después de tres años de Gobierno, que las pensiones mínimas son bajas y no decir lo mismo para las no contributivas, todavía más bajas. También el Gobierno del PP, como el de Pujol, sufre de espasmos políticos. Esperemos que de todo ello resulte que las pensiones mejoran, y entonces, lo de menos serán los votos.
