Servicios Sociales abrirá dos centros para delincuentes de 16 a 18 años para ajustarse a la futura ley penal del menor

La futura Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que eleva a los 18 años la edad mínima para cumplir condena en la cárcel y que está tramitándose en el Congreso de los Diputados, obligará a la Comunidad de Madrid a abrir dos nuevos centros de reclusión y reeducación, uno cerrado y otro semiabierto, para los delincuentes de 16 y 17 años. El presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, del PP, explicó ayer, durante una visita al centro de acogida de menores de Hortaleza, que en esta legislatura su Gobierno destinará 1.200 millones de pesetas para construir ambos recintos. En la actualidad hay en Madrid tres centros de la Comunidad para internar a chavales de 13 a 16 años que cometen delitos: El Madroño, de primera acogida; Altamira, con 20 plazas en régimen semiabierto, y Renasco, cerrado y con 10 plazas. Pero no todos los chicos implicados en fechorías acaban en ellos porque a muchos se les imponen medidas alternativas a la reclusión para paliar el daño causado. Así, el año pasado sólo se impusieron castigos que suponían la privación de libertad a 150 menores infractores, frente a otros 1.100 a los que se les aplicaron otras medidas cautelares (por ejemplo, reparar destrozos). Los nuevos centros previstos son necesarios para no mezclar en los que ya existen a chicos de 13 a 16 años con otros de más edad que precisan un tratamiento diferente. En ellos ingresarán jóvenes de 16 a 21 años porque la futura ley se aplicará también a autores de delitos no violentos de más de 18 años a los que, por su inmadurez, los jueces prefieren internar en centros de menores que en presidios de adultos. La pena más dura que se podrá aplicar a los jóvenes de 16 a 18 años que cometan delitos de extrema gravedad será de cinco años de internamiento seguidos de otros cinco de libertad vigilada. A los infractores de 16 a 18 años, como a los menores de esa edad, se les podrá también imponer alternativas a la reclusión: servicios en beneficio de la comunidad, tratamiento ambulatorio (por ejemplo, si es toxicómano), convivencia con familia o grupo educativo y privación del permiso de conducir. El Gobierno regional tiene también previsto abrir en estos cuatro años un centro para menores con problemas de salud mental, otro para niños discapacitados y un tercero para adolescentes conflictivos pero que no han cometido delito alguno.