El debate de las pensiones

Resulta evidente que los pensionistas y sus pensiones constituyen un elemento fundamental de cualquier estrategia política partidista. El colectivo de la tercera edad constituye un sector decisivo del cuerpo electoral, muy sensibilizado por su específico tratamiento económico. De pocos colectivos podría predicarse una relación tan estrecha entre la garantía y aumento de sus pensiones con un determinado comportamiento electoral.No es de extrañar, pues, que, en la medida que se acercan procesos electorales, autonómicos y generales, cualquier decisión política que tenga como objetivo mejorar las cuantías de determinadas pensiones provoque de inmediato dos tipos de reacciones antagónicas: por un lado, la de los impulsores de la medida, que la valoran como una manifestación de su especial sensibilidad social, y por otro, la de los pillados a contrapié, que se apuntan de inmediato a la argumentación que denuncia el incremento como demagogia electoral.

Este debate, que aparece y desaparece al ritmo de los procesos electorales, vive ahora un momento especialmente candente, con las decisiones ya adoptadas o anunciadas por los gobiernos de las comunidades autónomas de Andalucía, Baleares y Cataluña, de incrementar las pensiones no contributivas. La reacción del Partido Popular y de su propio presidente, Don José María Aznar no se ha hecho esperar, y ha arremetido contra todos los proponentes acusándoles de organizar una subasta frívola con el tema de las pensiones. Ciertamente, sería bueno que estos debates quedasen alejados de oportunismos electoralistas. Algo de ello perseguía el Pacto de Toledo.

Pero, en todo caso, ello no es suficiente para desacreditar la medida. En primer lugar, porque no debe extrañar que éstas se propongan o formen parte de las ofertas programáticas que los partidos ofrecen a sus electores cuando reclaman su confianza. Pero, en segundo término, porque lo importante es entrar en el fondo del asunto y pronunciarse sobre los fundamentos de la medida.

¿Deben o no revalorizarse automáticamente todas las pensiones en función del IPC? Ningún partido está ahora legitimado para criticar esta política, porque todos ellos la han apoyado o reclamado cuando no se practicaba. Es más, no debería olvidarse que incluso la revisión en función del IPC provocó un debate sobre si éste debía ser el previsto en los Presupuestos o el que realmente resultare al final del ejercicio. Y también todos los partidos han aceptado en la práctica que el IPC debía acomodarse a la inflación real y no a la prevista. Es más, cuando en algún ejercicio reciente la inflación prevista resultó superior a la real, el Gobierno acordó no reclamar ni compensar la diferencia.

Así, pues, la voluntad política es la de que los pensionistas no pierdan capacidad adquisitiva como consecuencia de la inflación. ¿Pero qué inflación?

La media del Estado o la propia de cada una de las comunidades autónomas?

Ciertamente, podría decirse que esta es una cuestión que nadie se había planteado con anterioridad, pero ello no es argumento de peso.

Constantemente, la historia nos pone de manifiesto nuevas facetas no contempladas de un problema ya conocido. Y el problema es ahora éste: ¿en base a qué inflación deberán ajustarse las pensiones?

A mi entender, es evidente que esta inflación debe ajustarse a un ámbito territorial delimitado y concreto; hoy por hoy, en España este ámbito es el propio de cada una de las comunidades autónomas. Si de lo que se trata es de mantener la capacidad adquisitiva de las pensiones, es obvio que deben tenerse en cuenta las diferencias que en la evolución de los precios tiene el territorio donde se produce el gasto. Lo contrario sería un trato discriminatorio e insolidario, por cuanto -no en función de la cuantía de las pensiones, sino del lugar donde se perciban- unos pensionistas verán debilitarse el valor de sus haberes y otros los mejorarán por encima de la erosión producida por la inflación.

Podrá decirse que por esta vía la inflación debería computarse en función de cada municipio. Pudiera ser que en un futuro así debiera hacerse. Pero hoy, el ámbito de la comunidad autónoma parece el más adecuado, tanto por la propia estructuración autonómica del Estado como porque éste toma para muchas de sus decisiones de naturaleza financiera el ámbito autónomico como delimitación de referencia. En todo caso, el gasto sanitario tiene en cuenta para su determinación en cada comunidad autónoma el IPC de ésta y no el de la media del Estado.

Negar esta evidencia e insistir en la revisión sobre la media del Estado debilita la posición de España en el ámbito de la Unión Europea. Si determinados parámetros tienen que computarse sobre la base de las medias europeas, España perdería el apoyo que le presta precisamente el estar alejado de estas medias para reclamar fondos y ayudas reequilibradoras. Pero lo que se está apuntando tiene una trascendencia que supera el debate actual. En éste se está hablando de las pensiones no contributivas, cuando en realidad el principio debe reclamarse para el conjunto del sistema de pensiones. Todas ellas, si de mantener su capacidad adquisitiva se trata, deberán revisarse en función del IPC más próximo al territorio donde el gasto se produce. Lo contrario, insisto, no es solidario, representa lesionar la igualdad de los derechos de todos los ciudadanos en cualquier parte del Estado; es, en definitiva, una clara desobediencia a la voluntad del legislador, que lo que quería era mantener al margen de la erosión inflacionista los haberes de los pensionistas.

No es, pues, un debate frívolo, por el contrario, es un gran debate. Las medidas de Andalucía, Baleares y Cataluña no son otra cosa que decisiones políticamente responsables. En vez de plantear al Estado la revisión de la actualización de todo el sistema de pensiones, cargan a su cuenta una revisión puntual y mínima de las pensiones no contributivas. Incluso podría plantearse, como crítica, por qué han limitado su ambición a este aspecto parcial y menor del alcance de su fundamentación.

Aquí no vale el argumento económico. La media del IPC del Estado resulta de inflaciones más altas que se compensan con otras más bajas. La revisión de las pensiones será diferente según el territorio, pero no representará más dinero -en su conjunto- para el Estado. ¿O se dirá ahora que debe premiarse a las comunidades menos inflacionarias? ¿No se parece esto a la denostada reclamación de premiar el esfuerzo fiscal de unas determinadas comunidades?

El Gobierno tiene un problema que haría bien en resolver en estos próximos Presupuestos. De no hacerlo, el debate seguirá, y a éste se van a apuntar todos los pensionistas del país. Porque les interesa.