La Comunidad negociará la orden de tenencia de perros con las entidades de defensa de los animales

La Consejería de Medio Ambiente ha decidido retrasar hasta el otoño la aprobación de la polémica orden que regula la tenencia de perros en la región, considerada la más restrictiva de España. El aplazamiento (la norma iba a aprobarse el próximo jueves) responde a una apertura de negociaciones con las entidades protectoras de animales, que habían mostrado su disconformidad con los apartados más polémicos del texto. Medio Ambiente, aunque se muestra dispuesto a alcanzar un pacto amplio (podría levantar la prohibición de la correa extensible, reducir del catálogo de razas de defensa y guarda o limitar el uso del bozal), mantendrá la principal novedad de la orden: la obligatoriedad de que los propietarios de perros que pesen más de 25 kilos o sean peligrosos tengan de contratar un seguro para cubrir daños por valor de 20 millones.

La Comunidad tiene censados a 400.000 perros. Una cifra que se dispara si se cuentan los canes no registrados. Para regular la situación de todos estos animales, la Dirección General de Agricultura, que dependía de la Consejería de Economía, elaboró a principio de año el primer decreto regional que regulaba la tenencia e identificación de perros en la región. Esta norma fue publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el pasado 15 de febrero.El objetivo del decreto era reducir al máximo las agresiones de perros a personas. Para ello catalogó 14 razas como peligrosas y estableció la obligatoriedad de que sus propietarios contrataran un seguro de responsabilidad civil para cubrir los posibles daños que pudieran ocasionar sus perros a terceros.

Posteriormente, para desarrollar este decreto, Economía elaboró una orden de tenencia. Para ello contó con la colaboración de la Real Sociedad Canina y del Colegio de Veterinarios, pero no contactó con las entidades protectoras de animales.

Tras las elecciones autonómicas del 13 de junio y la formación de un nuevo Gobierno regional, la Dirección General de Agricultura y sus competencias se integraron en la Consejería de Medio Ambiente, que heredó así el borrador de la orden.

El documento fue difundido a principios de mes después de que se sucediesen cuatro ataques salvajes de perros a personas en la región. Medio Ambiente lo presentó como el texto definitivo e incluso anunció que entraría en vigor a finales de mes. La orden no carecía de contenidos para la polémica: ampliaba el campo de las restricciones hasta convertir la normativa madrileña en la más restrictiva de España. Así, el borrador ampliaba de 14 a 47 las razas catalogadas como defensa y guarda (y, por tanto, susceptibles de mayores limitaciones), imponía la obligatoriedad del seguro de responsablidad civil (por valor de 20 millones de pesetas) no sólo a estos perros, sino a todos aquellos que pesasen más de 25 kilos. Prohibía el uso de correas extensibles y que los animales pasasen la noche en las terrazas. Facultaba a las comunidades de propietarios para decidir si los canes podían subir en los ascensores. Vetaba asimismo la entrada de perros en zonas infantiles, o que bebiesen agua de las fuentes. También permitía a la Comunidad retirar el perro en el caso de que su dueño no respetara alguna de las restricciones.

La respuesta fue una oleada de críticas de las asociaciones de defensa de los animales. Ahora, tras una semana de silencio, el consejero de Medio Ambiente, Carlos Mayor Oreja, ha anunciado la apertura de negociaciones con las citadas entidades. "La orden está insuficientemente trabajada y le falta el consenso de las cinco asociaciones que forman parte del Consejo de Defensa de los Animales", señaló ayer Mayor Oreja.

En vista de ello, el consejero inició el miércoles una ronda de negociaciones con los representantes de los defensores de animales. Las reuniones prosiguirán en septiembre, y hasta que no se pacte un nuevo texto, la ordenanza no será aprobada. "No se trata de establecer imposiciones desde los despachos, sino de abrir un debate, un diálogo con las asociaciones defensoras de los animales para que sean ellos, los que desempeñan el trabajo de campo, los que expongan sus criterios sobre lo que debe ser la nueva normativa regional", explicó el consejero.

La portavoz de la Asociación Nacional Amigos de los Animales, Pilar Cañizo, declaró ayer que durante la elaboración de la ordenanza no tuvo "oportunidad para presentar alegaciones". "Nos iban a enviar el borrador de la orden, pero al final no lo hicieron, y, claro, así no hemos podido dar nuestra opinión al respecto", añadió.

Efecto contrario

La asociación defensora de los animales aseguró que el decreto y la nueva orden obtuvieron el resultado contrario al que buscaba: "Trataron de reducir las agresiones de perros a personas, pero lo único que han conseguido es que se aumenten los abandonos de los perros, y con ellos, las agresiones", añadió Cañizo. "Hay una auténtica neurosis por la peligrosidad de los perros. Han surgido dos bandos enfrentados, los que tienen perro contra los que no lo tienen. Y hay gente que ya se asusta de sus propios perros sin motivo alguno. Los animales se convierten así en víctimas, las que acaban sacrificadas o en una cuneta", afirmó Cañizo.En el mismo sentido se expresó la portavoz de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Animales (ADDA), Marisa Pallás, quien se reunió el miércoles con el consejero.