La Asamblea Constituyente venezolana debate hoy el decreto de 'limpieza judicial'

Contra viento y marea, la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela presentó ayer, al pleno de la misma, un controvertido proyecto de decreto para reorganizar la estructura sindical y el poder Judicial venezolano en el que ratifica a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero ordena la suspensión y destitución inmediata de los jueces corruptos y negligentes e interviene todos los tribunales. Este proyecto de limpieza judicial será debatido a partir de hoy por los constituyentes.Sin hacer caso a la advertencia lanzada por la presidenta de la Corte Suprema, Cecilia Sosa -para quien "la función de la Asamblea no es la de poner orden en casa y no puede ejercer actos de Gobierno", sino que debe limitarse a redactar la nueva Constitución-, los miembros de la Asamblea Constituyente decidieron continuar sus planes para reestructurar los órganos del poder público, según contempla la declaración de emergencia nacional decretada la semana pasada.

En vísperas del debate, el proyecto del decreto fue pulido en la sede de la presidencia, La Casona, en una reunión nocturna en la que participaron los dirigentes de la Asamblea, Luis Miquilena, Isaías Rodríguez, Aristóbulo Istúriz y el presidente Hugo Chávez. A continuación fue distribuido a los 131 asambleístas.

El decreto de la Asamblea establece la obligación del Estado venezolano de garantizar el acceso de la población a un sistema de justicia que actúe con trasparencia, imparcialidad, autonomía, celeridad y simplicidad. También aplica medidas para afrontar la crisis del país y garantizar la seguridad jurídica, fortalecer la noción de Estado de derecho y el ejercicio efectivo de los derechos humanos.

Emergencia judicial

En cuanto a la reorganización del sistema judicial, la Asamblea nombrará una comisión de emergencia judicial integrada por nueve miembros: cuatro de ellos asambleístas, uno de la Corte Suprema, otro del Consejo de la Judicatura y tres independientes. La comisión se encargará de dirigir la reorganización en los seis meses que durarán los trabajos de la Asamblea Constituyente. Entre las atribuciones de la citada comisión judicial figuran la suspensión y destitución de todos aquellos jueces implicados en delitos de corrupción y los que causen retrasos injustificados en los procesos judiciales, entre otras causas. Actualmente, hay en Venezuela unos 2.000 expedientes archivados contra jueces por presunta corrupción y negligencia.La limpieza judicial que impulsará la Asamblea cuenta con un alto respaldo de la población y fue una de las promesas electorales de Chávez, por lo que no se prevé mayor resistencia popular. De los 24.000 presos que hay en las cárceles venezolanas, unos 13.500 están en espera de que se dicte sentencia desde hace dos años. Para evitar la alarma que ha producido el proyecto de decreto de limpieza judicial y la aplicación del nuevo Código de Procesamiento Penal -que ha excarcelado a cerca de 1.000 delincuentes en el último mes-, el presidente Hugo Chávez ha ordenado al Ministerio de Defensa que saque a la calle a la Guardia Nacional y a la policía militar para controlar el orden público.